Después una pausa que incluyó el final del verano hasta Semana Santa, los taxistas y remiseros volverán este jueves a las medidas de fuerza: realizarán un paro con movilización entre las 9 y las 14.

El anuncio lo hicieron este martes a través de un comunicado firmado por las distintas entidades del sector, en el que acusaron al intendente Guillermo Montenegro de no frenar el avance de las plataformas digitales de transporte.

Las entidades sostuvieron que “otra vez” se “ven obligadas” a manifestar su “repudio” ante la “inacción del Poder Ejecutivo encabezado por el intendente”.

Las asociaciones de taxistas y remiseros dejaron entrever que la postura de Montenegro respecto de las usurpaciones de terrenos no se verifica ante la “usurpación” de su “legítimo trabajo”, por lo que lo responsabilizaron de tener una “doble vara”.

Eso se evidencia, según indicaron, en el “preocupante avance del transporte ilegal en la ciudad y las deficiencias del servicio del COM (Centro de Operaciones y Monitoreo)”. En ese sentido, lamentaron los “nuevos hechos de inseguridad” sufridos el fin de semana pasado.

Tras un enero caliente, en el que realizaron paros, movilizaciones y bloqueos en distintos puntos de Mar del Plata (entre ellos Playa Grande y la autovía 2), los taxistas morigeraron las medidas de fuerza. A principios de febrero hicieron la última: una manifestación a las puertas del Polideportivo mientras adentro se desarrollaba la ceremonia de entrega de los premios Estrella de Mar.

En el primer mes del año, a tono con las protestas y acusaciones de los taxistas, Montenegro sostuvo que no aceptaría “aprietes ni extorsiones” y hasta denunció “prácticas mafiosas”.

El conflicto se desató a partir del funcionamiento de las plataformas digitales de transporte, como Uber y Cabify, a pesar de que una ordenanza de 2019 prohíbe cualquier servicio de transporte sin habilitación municipal. La sola prestación de un servicio de esas características “dará lugar al secuestro del vehículo” y para su conductor, “la imposición de una multa”, señala la normativa.

Según los taxistas, el gobierno municipal “no controla” el servicio que prestan las aplicaciones. El gobierno lo rechaza.

El tema tiene un capítulo judicial y otro legislativo. El primero, a partir de la denuncia que presentaron los taxistas contra la comuna por el supuesto incumplimiento de la normativa vigente. El segundo, por el tratamiento de un proyecto de ordenanza impulsado por un sector del oficialismo (el bloque de la Coalición Cívica) para que se habiliten las plataformas digitales. De todos modos, en ambos frentes hace tiempo que no se registra ninguna novedad.