En el marco de la culminación del primer mes de inspección del servicio de taxis, quedó en evidencia que casi un tercio de los titulares “no estaría realizando en la práctica la actividad para la cual fueron habilitados”, advirtieron desde la Sociedad de Conductores y aseguraron también que la falta de control municipal sería “la causa principal de la anarquía en el sector”.

Mientras registra avances en el Concejo Deliberante la habilitación de aplicaciones de transporte de pasajeros, entre los taxis, de las 358 unidades que debían presentarse a la inspección anual obligatoria en junio, más de 100 licencias “llamativamente no dieron señales de vida” y la causa de esta “inédita deserción” no habría sido la obligatoriedad de tener el GPS: “La gran mayoría de los taxis que acudieron cumplieron con ese requisito, y quienes se presentaron sin el GPS recibieron 15 días de prórroga para instalarlos”, señalaron desde la Sociedad de Conductores de Taxis.

A criterio de dicha entidad, el incumplimiento de tan importante número de licencias confirmaría la teoría que “una significativa cantidad de taxis no estarían realizando en la práctica la actividad para las cuales fueron habilitadas” y que este sería “el motivo principal del déficit que presenta el servicio de taxis en distintos horarios, hecho que se ha ido acentuando desde la salida de la pandemia”.

Sin embargo, para la Sociedad de Conductores, el fenómeno de la falta de taxis está atravesado por “culpas compartidas” y múltiples causas, las cuales deben considerarse, más aún frente al “avance” del proyecto para habilitar aplicaciones como Uber, Didi o Cabify, que “en diversas ciudades importantes del país no han solucionado para nada la falta de transporte en horario nocturno”.

Por ejemplo, uno de los motivos para explicar la insuficiente cantidad de taxis en circulación, apuntaron, sería “la ruptura de vínculos de alquiler de licencias”, que durante la pandemia se dieron por terminados debido a que la merma del trabajo “hacía imposible” el pago de los alquileres.

Otro motivo es que durante la pandemia “muchos titulares buscaron otras alternativas laborales, que hoy siguen manteniendo y por lo tanto explotan por muy pocas horas sus licencias como medio de transporte, o directamente utilizan ese vehículo habilitado como auto particular”.

También se considera que un importante número de licencias pertenece a personas de edad avanzada, que ya no están en condiciones de realizar la actividad y que, además, “no están interesados en alquilarles su licencia, ni buenos choferes para explotar la unidad por cuenta propia”.

Desde la Sociedad Conductores remarcaron que lo sucedido en junio, el primero de los cinco meses de inspección, “se repetirá en los meses venideros”, debido al conocimiento del “gran número de licencias paralizadas o que realizan laboral durante muy pocas horas”.

Asimismo, señalaron que todos estos argumentos han sido “reiteradamente explicados” a distintos funcionarios municipales, inclusive al intendente Guillermo Montenegro y al secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, para que “entiendan el origen de la notoria baja que ha experimentado el nivel del servicio de taxis a partir de marzo de 2020”.

Para revertir la situación actual, consideraron, “es necesario que el poder municipal tome las medidas pertinentes para que la totalidad de la flota realice la inspección anual obligatoria” y que “todas las unidades tengan instaladas el dispositivo GPS” como elemento de control de servicio.

“Recién en ese momento, es decir a fines del mes de noviembre, se tendrán las herramientas necesarias para hacer un análisis y tomar las decisiones adecuadas en materia de política del transporte público”, agregó la entidad que conduce Raúl Vicente.

Finalmente, desde el sector expresaron su preocupación por “saber si el poder político asumirá su importante cuota de responsabilidad por no haber realizado desde el año 2019 ningún tipo de control sobre el servicio de taxis, que debe remarcarse es un servicio público que ha llegado a tal grado de anarquía debido a que el poder municipal no cumplió con su función de contralor”.