El abogado de la ONG Consumidores Argentinos, Diego Castro Domenech, cuestionó el fallo del juez federal de La Plata, Alberto Recondo, quien ordenó que el ministerio de Energía de la Nación llame a una audiencia pública para tratar el nuevo cuadro tarifario del gas, pero sin hacer lugar al pedido para que mientras tanto el tarifazo sea dejado sin efecto.

“La decisión es incongruente y la vamos a apelar” le anticipó el abogado marplatense a LA CAPITAL.

“Vamos a hacer una presentación mañana mismo porque este fallo nos deja muy disconformes ya que después de una fundamentación y de un desarrollo, el juez tomó una decisión que hasta contradice algunos de sus propios argumentos”, sostuvo.

Castro Domenech dijo que si bien inicialmente la decisión generó expectativas favorables, en una segunda lectura “quedó en claro que como conclusión termina dándole la razón al Ministerio de Energía”.

Según el abogado, el hecho de que el magistrado haya reconocido que se incumplió con la realización de una audiencia pública para autorizar el aumento del gas, debería haber tenido como resultado “la anulación” de las tarifas vigentes. “Pero solamente pidió que la audiencia se haga en un plazo de 20 días, recién después de que el fallo quede firme y eso no tiene sentido y expresa una incongruencia”, explicó.

Castro Domenech dijo que por esa razón los abogados que promovieron la demanda en representación de distintas entidades de defensa de los derechos del consumidor pedirán que el tema sea considerado de inmediato por la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.

La decisión de Recondo no sólo fue cuestionada porque mantiene vigentes las nuevas tarifas pese a que se incumplió con la audiencia exigida en los contratos.

También recibió críticas porque el magistrado evitó pronunciarse sobre la “razonabilidad” del precio del servicio, la cual está siendo cuestionada en todo el país ante la llegada de facturas con aumentos de hasta el 2000%. “Con esta decisión el gobierno nacional ha decidido transferirles 2500 milones de dólares a las empresas privatizadas por la decisión de un ministro, como Juan José Aranguren, que dice que su trabajo consiste en cumplir con una planilla de Excel. Lo que está sucediendo es que los servicios públicos se están convirtiendo en un bien de lujo para la población”, comentó Castro Domenech.