El jury de enjuiciamiento de la provincia de Buenos Aires suspendió ayer al juez en lo contencioso administrativo de La Plata Luis Federico Arias, en el proceso que se le sigue por presuntas irregularidades cometidas en su función.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los 10 integrantes del jurado que conforman cinco legisladores abogados, cinco abogados de matrícula y que preside la titular del Suprema Corte de Justicia provincial, Hilda Kogan, informó el secretario permanente del jurado, Ulises Giménez.

De acuerdo con el procedimiento del jury que deberá determinar si Arias es o no destituido, además de la suspensión en el cargo se le aplicó un embargo del 40 por ciento del salario.

El jurado consideró que Arias debe ser juzgado por un total de 21 cargos, entre los que se encuentra su actuación en la causa que investigó el número de muertos que causó la trágica inundación de La Plata, en 2013.

En ese caso se le imputa “abuso de autoridad” por haber ordenado al fiscal penal que investigaba la causa que se abstenga de dar a conocer la cantidad de muertos, conflicto judicial que se extendió por varios meses y que debió resolver la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo a la resolución, también se lo acusa de cometer presuntas irregularidades en el sistema de sorteo y asignación de causas y por haber firmado una solicitada publicada en varios medios el 7 de marzo de este año titulada “Unidos en Defensa de la Democracia y el Bienestar del Pueblo Argentino”.

Para el jurado, el magistrado en este caso “excede el derecho de manifestarse libremente e importa una clara toma de postura política”.

Por el caso de la inundación de La Plata, Arias había sido denunciado por el fiscal penal Marcelo Romero, quien además lo investigaba por los presuntos delitos de “prevaricato, abuso de poder e incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

En tanto, las otras denuncias habían sido impulsadas por la ex procuradora María del Carmen Falbo y luego ratificadas por el actual procurador, Julio Conte Grand.

Giménez explicó que a partir de ahora “se inicia la etapa de las audiencias orales y públicas que seguramente se realizarán el año próximo”, y aclaró que tras la resolución de hoy “el Poder Ejecutivo debe abstenerse de aceptar la renuncia de Arias en el caso de que así lo hiciera”.

A la espera de la resolución, Arias se movilizó ayer a la puerta del Senado provincial, donde estuvo acompañado por dirigentes sindicales, políticos y de movimientos sociales que rechazan su posible destitución.

Para Arias, el proceso es “una embestida política y un intento de silenciar voces porque hemos decidido cosas que molestan al Gobierno” y aseguró que “quieren despejar el camino para lo que viene, por ejemplo las tarifas”.

El magistrado se pronunció en numerosas causas en contra de decisiones que adoptaron los diferentes gobiernos provinciales, al frenar aumentos en tarifas de servicios, de peajes o los descuentos a los docentes que realizaron días de paro.