La indagatoria que el juez de control jujeño Isidoro Cruz tenía previsto tomarle esta mañana a la detenida dirigente social Milagro Sala quedó postergada ante planteos realizados por su abogado, que recusó al magistrado por considerar que “integra una asociación civil que recibe subsidios del gobierno provincial” y, además, reclamó tener acceso “a una prueba reservada que está en caja fuerte” para poder ejercer su defensa, informaron fuentes judiciales.

Al llegar a la sede judicial, en la capital jujeña, luego de su traslado a cargo de efectivos de la Policía provincial, Sala cuestionó al magistrado al señalar que “recibe subsidios de (el gobernador) Gerardo Morales“.

En la puerta del juzgado, un grupo de militantes de la agrupación Tupac Amaru aguardaba a Sala para alentarla.

La dirigente social, quien cumple con su detención en su domicilio del dique La Ciénaga, llegó acompañada por su abogado Luis Paz.

En la denominada “megacausa” estuvo detenido durante 36 horas, desde el pasado 12 de abril, el ex gobernador jujeño, Eduardo Fellner.

También para hoy se encuentra citada a indagatoria Mirta Aizama, otra integrante de la Tupac Amaru.

En tanto, por este mismo expediente ya fueron indagados la semana pasada el ex ministro de Tierra y Vivienda de Jujuy, Luis Cosentini; el ex titular del Instituto de Vivienda y Urbanismo Lucio Abregú; y el actual intendente de San Salvador de Jujuy, el radical Raúl ‘Chuli’ Jorge.

También pasaron por indagatoria Héctor Carrizo y José Mercado, integrantes de la Unidad Ejecutora Provincial; y la escribana Claudia Trenque, vinculada a la Tupac Amaru.

Cruz investiga la supuesta vinculación de los ex funcionarios con las operatorias por las cuales se destinaban fondos a las cooperativas de trabajo de la Tupac Amaru para la construcción de viviendas sociales, de las cuales el gobierno jujeño denunció un faltante y un desvío millonario de recursos nacionales que investiga la Justicia.

Por estos hechos, están imputadas en el expediente por los presuntos delitos de asociación ilícita y administración fraudulenta un total de 23 personas.