El oficialismo nacional retiró del dictamen de la ley ómnibus que se trata este miércoles en la Cámara de Diputados de la Nación el capítulo referido a la pesca, fuertemente rechazado en Mar del Plata y las provincias patagónicas.

En el inicio de la sesión especial de la Cámara baja se leyeron por secretaría los artículos que se suprimieron del dictamen. Entre ellos, los que iban del 211° al 220°, es decir, los que modificaban el Régimen Federal de Pesca.

PESCA. No se tratarán aspectos vinculados al Régimen Federal de Pesca, que estaban en los artículos 211 a 220. Quedan suprimidos del dictamen esos artículos. pic.twitter.com/MXDYqhjqbW

— TOPO Rodríguez (@TOPOarg) January 31, 2024

La decisión del Gobierno de no avanzar en el tratamiento de esos artículos implica un gran alivio para el sector pesquero.

Los gremios y las cámaras de la pesca y la industria naval estaban en alerta desde el mismo momento en que se presentó el proyecto, cuya redacción original establecía el otorgamiento de las cuotas de pesca mediante una licitación nacional e internacional, retiraba la obligación de la descarga en puertos argentinos y también el requisito de que el 75% de la mano de obra fuera nacional.

El dictamen de comisiones ya no contenía esos aspectos, pero seguía generando un contundente rechazo en el sector.

Los artículos en cuestión establecían que para el otorgamiento de los permisos de pesca la autoridad de aplicación debía verificar los requisitos técnicos y de seguridad de los buques. Los permisos no podrían tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que emplearan, ni por las características de las empresas titulares.

Puntualizaba que las cuotas de captura serían asignadas a través de un sistema de licitaciones, que se adjudicarían
a quien aportase el mayor arancel para la captura determinada.

“Si el proyecto original era malo”, el nuevo “es también nefasto para la actividad”, había alertado tras el dictamen de comisión la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (Caipa).

Desde el plano legislativo, los artículos en cuestión no llegaron a ser puestos en tratamiento en la sesión. Si eso hubiese pasado, el rechazo de los diputados le hubiera impedido al Gobierno volver a presentar la reforma en el plazo de un año. De esta manera, ese plazo no corre.