El fiscal federal Carlos Stornelli pidió este martes enviar a juicio oral al detenido ex ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, y a otros 18 procesados en la causa que investiga un multimillonario desvío de fondos para la reconversión del Yacimiento Carbonífero Rio Turbio (YCRT) en la provincia de Santa Cruz.

Se trata de la investigación en la cual la sala II de la Cámara Federal porteña ordenó al juez del caso, Luis Rodriguez, pedir el desafuero y disponer la detención del ex funcionario de los gobiernos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner.

En un requerimiento parcial de elevación a juicio oral entregado por Stornelli a Rodríguez, se pidió juzgar a De Vido; al intendente de Rio Turbio, Atanacio Perez Osuna, al también ex funcionario de Planificación Roberto Baratta y al ex secretario de Minería de la Nación Jorge Mayoral, entre otros procesados, según el escrito al que accedió Télam.

Stornelli reclamó que todos los acusados sean juzgados por “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública”, y consideró que el procesado “número 19”, Mayoral, debe ser acusado por “abuso de autoridad en su modalidad omisiva” (por omisión).

El fiscal describió “una maniobra defraudatoria, con comienzo de ejecución el 14 de enero de 2008, que consistió en la ilegítima obtención de fondos provenientes del Estado Nacional” a través del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MINPLAN) para manejarlos en la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y de la Fundación Facultad Regional Santa Cruz.

“Está demostrado que, entre los años 2009 y 2015, se celebraron, invocando los Convenios Marco antes señalados, cuatrocientos cuarenta y tres -453- convenios específicos y noventa -90- adendas modificatorias, por un monto total de al menos cuatro mil cuatrocientos veinticuatro millones de pesos ($ 4.424.000.000), de los que se facturaron y fueron pagados con fondos del Tesoro Nacional aproximadamente novecientos quince millones setenta y siete mil ochocientos noventa y nueve pesos ($ 915.077.899), de acuerdo a lo establecido por la Sindicatura General de la Nación”, advirtió el fiscal en su acusación.

Para Stornelli “se ha probado que el perjuicio a las arcas del Estado nacional ascendió, cuanto menos, a la suma de ciento setenta y seis millones setenta y cuatro mil pesos ($176.074.000), que constituyó el lucro indebido procurado por los intervinientes y los partícipes, importe que se compone de los montos efectivamente abonados con fondos del Tesoro Nacional por YCRT a la FRSC y la Fundación en concepto de “gastos administrativos” derivados de los convenios específicos investigados en este sumario”.

Uno de los convenios se trató de “la puesta en valor del ramal ferro industrial “Eva Perón”, material rodante e infraestructura complementaria, llamado “Tren Turístico” entre el Ministerio a su cargo y la Universidad Tecnológica Nacional, en flagrante violación del artículo 22 inciso b) del Decreto 1023/2001 (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional) y de la Ley 24.156 (de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional), permitiendo que se genere una malversación en los fondos destinados al Yacimiento “dependiente de su ministerio”, concluyó Stornelli.