El ministro de Justicia, Martin Soria, consideró que el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad que suspendió el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA se trata de un caso de “justicia a la carta” y cuestionó que, “ahora, la Corte Suprema debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”.

“Justicia a la carta: la jueza comercial María Uzal, que se reunía con el prófugo (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez Simón, paralizó la quiebra del Correo de la Familia Macri. Ahora la Corte Suprema, diseñada por el mismo prófugo, debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001”, escribió Soria en su cuenta de Twitter.

Justicia a la carta: la jueza comercial María Uzal, que se reunía con el prófugo Pepín Simón, paralizó la quiebra del Correo de la Familia Macri. Ahora la Corte Suprema, diseñada por el mismo prófugo, debe resolver qué pasa con la deuda que los Macri no pagan desde el 2001. pic.twitter.com/GlcybXAQVh

— Martin Soria (@MartinSoria_) May 6, 2022

El jueves, la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la ciudad de Buenos Aires suspendió el trámite del concurso preventivo del Correo Argentino SA hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación defina una serie de planteos realizados por el Grupo Macri, como las recusaciones a una jueza y una fiscal y la competencia de la Justicia porteña en el caso.

La resolución surgió en un fallo dividido emitido por las camaristas Matilde Ballerini, María Elsa Uzal y María Guadalupe Vázquez, conocido a través de fuentes judiciales.

El conflicto jurídico que derivó en esta medida se produjo porque el Tribunal Superior de Justicia (TSJC) de la Ciudad de Buenos Aires intervino ante los planteos efectuados por la empresa Socma -que incluyeron las recusaciones a la fiscal Gabriela Boquín y a la jueza de primera instancia Marta Cirulli- en el pleito por la deuda de la firma de la familia Macri por la concesión del Correo.

La Cámara nacional había considerado inadmisibles las objeciones, pero el TSJC intervino y dispuso lo contrario, con lo cual se desató un problema de competencia que está a consideración de la Corte.

El conflicto tuvo su origen en una deuda del Grupo Macri, que tuvo la concesión del Correo Argentino entre 1997 y 2003, cuando el Gobierno de Néstor Kirchner rescindió ese contrato.

A partir de allí se inició un proceso por el reclamo de una deuda de casi 300 millones de pesos/dólares, debido a la paridad cambiaria. Hubo propuestas y contrapropuestas, pero nunca se llegó a una solución y el caso escaló en los tribunales.

Socma recusó a Boquín acusándola de “parcialidad, enemistad, prejuzgamiento y animosidad”, e hizo lo mismo con la jueza Cirulli, que no accedió a determinar al Estado como “acreedor hostil” cuando no aceptó la oferta de la parte deudora.

La quiebra del Correo Argentino fue dictada en julio pasado, pero las presentaciones del Grupo Macri derivaron finalmente en esta instancia de virtual suspensión del proceso, hasta que se expida la Corte.