Una estadística elaborada por la Procuración General de la provincia de Buenos Aires indica que sólo el 2% de los detenidos en el Departamento Judicial Mar del Plata son extranjeros.

La cifra fue publicada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, en el marco de la polémica por el proyecto del Gobierno para expulsar del país a los delincuentes que no hayan nacido en Argentina.

“Los números oficiales indican que, en promedio, sólo el 3% de los detenidos no son de nacionalidad argentina y ese indicador se reduce al 1% en lo que refiere al fuero penal juvenil bonaerense”, expresó en ese sentido el defensor del Pueblo adjunto, Walter Martello, sobre la totalidad de detenciones realizadas en la provincia.

Y agregó: “Las estadísticas sobre las personas detenidas extranjeras se vienen manteniendo constantes desde hace varios años en la provincia, con lo cual no hay ningún dato empírico que indique que se han incrementado los delitos cometidos por ciudadanos/nas de otros países. El último relevamiento realizado por la Procuración bonaerense muestra que en algunos departamentos judiciales, como Trenque Lauquen y Necochea, el 100% de los presos son de nacionalidad argentina”.

En ese marco, del informe elaborado por la Procuración General bonaerense el año pasado -que abarca las estadísticas de 2017 y es el último difundido oficialmente-, se desprende que en el Departamento Judicial Mar del Plata el porcentaje es proporcionalmente menor al de la provincia: sólo el 2% de los detenidos son extranjeros.

Por otra parte, desde la Defensoría del Pueblo -que tomó la cifras para abordar la problemática en medio de la polémica- remarcaron que al profundizar el análisis de quienes están privados de su libertad dentro del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (16 y 17 años de edad) se desprende que prácticamente no hubo jóvenes extranjeros privados de su libertad en varias regiones de la Provincia como Mar del Plata, Junín, Mercedes, Moreno, Necochea, Pergamino, San Nicolás y Trenque Lauquén.

Martello, que está a cargo del Observatorio de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de la Defensoría, remarcó que “en la Argentina existe, desde hace muchos años, un marco normativo, que incluye un criterio probatorio estricto, que le otorga facultades a las autoridades de la Dirección de Migraciones para evitar el ingreso al país de personas en conflicto con la ley o para expulsar a quienes no tienen la documentación en regla”.

El Defensor del Pueblo Adjunto llamó a combatir la xenofobia y calificó como “absolutamente regresivas” las últimas declaraciones de funcionarios y legisladores nacionales respecto a la promoción de una política migratoria diferenciada y selectiva, que clasifica a los migrantes en dos grupos: los “buenos”, que pueden regularizarse, y los “malos”, a quienes les corresponde la expulsión.

“Tal mirada pone a las personas extranjeras bajo una sospecha permanente. Se busca asociar la migración con la delincuencia, sobre un diagnóstico que está basado en datos que, en el mejor de los casos, están distorsionados y descontextualizados. Pareciera que en este año electoral, se busca generar una suerte de efecto regional incentivando la estigmatización de las personas migrantes”, añadió.

Martello destacó que la políticas migratorias, inspiradas en la xenofobia, podrían derivar en una “situación de discriminación institucional”, violando lo que el propio Estado argentino se comprometió a cumplir cuando adhirió, junto a 160 naciones, al Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Dicho pacto se estructura en torno a 23 grandes objetivos y, entre esas metas, establece que se debe usar la detención de migrantes sólo como última opción.