Fiscales de Córdoba pidieron una pena de 8 años y 6 meses de prisión para un docente de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), a quien acusaron de haber extorsionado a alumnas y alumnos para que realizaran pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que él dictaba.

El fiscal general Maximiliano Hairabedian y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo hicieron la solicitud esta semana ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 de Córdoba, que juzga a Luis Olmedo, extitular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología de la UNC.

Olmedo fue señalado como coautor del delito de “extorsión continuada” junto a Adrián Casalis y Augusto Massimino, dos personas que administraban una institución privada donde se dictaba el contenido que el docente luego tomaba en sus exámenes en la universidad, para quienes el fiscal solicitó penas de 6 años y 5 años y 6 meses de prisión, respectivamente.

Los representantes del Ministerio Público Fiscal (MPF) también solicitaron una pena de un 1 y 10 meses de prisión condicional e inhabilitación especial para ejercer cargos públicos por cuatro años a la exdecana Mirta Spadiliero de Lutri al hallarla autora de “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública”, informó fiscales.gob.ar.

Además, los representantes del MPF solicitaron que se remitan antecedentes a la fiscalía de turno para que varios testigos que declararon en el juicio sean investigados por falso testimonio, entre otros el actual decano de la facultad, Guillermo De Leonardi.

De acuerdo a la acusación, desde una fecha indeterminada en la década del ’90 hasta la actualidad, Olmedo abusó de su función mediante distintos actos.

Así, habría ideado un sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacer entregas de dinero a Casalis primero, y a Massimino después, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada de un curso.

De acuerdo con la pesquisa, bajo la amenaza de no realizarlo, los alumnos se exponían en muchos casos a ser aplazados de manera indebida por una cantidad indeterminada de veces.

La intimidación, según los fiscales Hairabedián y Aramayo, era ejercida principalmente por Olmedo a través de aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia.

Los representantes del MPF explicaron que, de esa forma, el docente infundía un temor generalizado entre el alumnado, que se fue consolidando con el paso del tiempo, y resultó altamente efectivo para doblegar la voluntad de los estudiantes para que entregaran dinero a Casalis o Massimino.

En la acusación, precisaron que, desde el año 2000 hasta el 2016, la pseudo academia a cargo de Casalis -que no es profesional médico- funcionaba bajo el nombre de AOC (Apoyo Odontológico Córdoba).

Bajo la fachada de un centro de enseñanza, el contenido de las clases era brindado por Casalis, y era el material que luego Olmedo tomaba en los exámenes.

Abonado el supuesto curso, se le entregaba a los alumnos un “apunte” tomando recaudos para evitar que fuera compartido con otros compañeros que no concurrían a la academia: imprimía el material en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado, se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía cada ejemplar, e incluso amenazaba a sus alumnos con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más Microbiología.

Este fue el caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por prestar el apunte a un compañero que no podía pagarlo.

Para la fiscalía, los actos señalados a Olmedo no sólo eran de público conocimiento en la facultad, sino que además habían sido anoticiados institucionalmente en más de una oportunidad, pese a lo cual, y sabiendo que Olmedo podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar su materia, la decana intencionalmente evitó comunicar los hechos a la autoridad competente u ordenar la investigación interna.