La ley de reparación jubilatoria sancionada por el Senado establece entre otros puntos la puesta en marcha de un organismo bicameral que elabore un proyecto para que en un plazo de tres años alumbre un nuevo sistema de jubilaciones en Argentina, lo que abre un período de intensos debates sobre el tema.

Repasar aún sucintamente lo ocurrido en los últimos sesenta años con las jubilaciones en nuestro país trasciende un ejercicio de nostalgia. Quizás permite ajustar diagnósticos sobre la actual situación del sistema previsional y aporte algunos elementos para el análisis.

Un primer rasgo que surge de la experiencia histórica es que en la mayor parte de los experimentos previsionales puestos en marcha en seis décadas no se trabajó sobre un plan estratégico que pudiera sortear las acechanzas siempre presentes de la financiación a mediano y largo plazo, los sacudones cíclicos de la economía, la inversión virtuosa de los fondos acumulados. No se trabajó precavidamente sobre las previsibles oscilaciones del crecimiento económico y del mercado laboral o la disminución lenta pero sistemática de la relación activo-pasivo.

Tampoco se pusieron en valor las mejores experiencias internacionales en la materia y cuando se lo hizo fue para copiar sistemas condenados al fracaso.

Durante el primer gobierno peronista se extienden masivamente las jubilaciones pasando en pocos años de 400.000 beneficiarios a 2,5 millones, adoptándose en 1954 la forma del sistema de reparto. En momentos de pleno empleo y muchos aportantes y relativamente pocos jubilados aún, el esquema adoptado pareció promisorio.

En 1958 se vota la ley del 82 por ciento que otorgaba ese porcentual sobre el mejor sueldo de la historia laboral del jubilado, sin percibir que ese gran beneficio, sin antecedentes, no era sustentable: la cantidad de nuevos pasivos se venía incrementando exponencialmente desde aquella ley de 1954 provocando el desfinanciamiento del sistema.

Pocos años después el 82 por ciento se baja al 70 por ciento, ya no se toma el mejor salario de referencia, se establecen prestaciones máximas y mínimas, aumentándose las contribuciones y la edad jubilatoria.

Durante el gobierno de Juan Carlos Onganía continúa la crisis, en 1969 se centralizan el conjunto de Cajas en tres: Autónomos, Estado e Industria y Comercio, se eleva la edad jubilatoria, se incrementan los años de contribuciones. Los salarios medios y bajos pierden un 7 por ciento de su valor real mientras se incrementan un 22 por ciento para aquellos que cuadripliquen el salario medio.

En 1975-1976 un gran brote inflacionario hace caer el valor real de los beneficios en un 45 por ciento, y se congelan salarios y jubilaciones.

En 1980 la dictadura militar elimina las contribuciones patronales que son reemplazadas por una extensión del IVA y se incrementa la informalidad laboral y la evasión impositiva.

El gobierno de Raúl Alfonsín hereda una situación delicada en la materia tomando medidas para cubrir un déficit previsional ya crónico. Se restablecen los aportes patronales, se transfieren parte de los recursos de las asignaciones familiares, se crean nuevos impuestos sobre gas, electricidad y teléfonos. No obstante estas medidas defensivas, la crisis económica determina que entre 1983-1987 los haberes medios retroceden un 36 por ciento más un 21 por ciento adicional entre 1987-1989 (CIFRA. Eduardo Basualdo.2009).

La década del ’90 es escenario de un cambio trascendente que termina en un salto al vacío: la privatización del sistema previsional agudiza los problemas que venía a resolver. Baste decir que de haber continuado, hoy los haberes serían menos de la mitad de las actuales y con 2,5 millones menos de argentinos jubilados.

Quizás la mejor experiencia en materia previsional de estas seis décadas -aún con sus errores y omisiones- haya sido la comenzada hace ocho años con la renacionalización del sistema y la ley de movilidad. En pleno debate de la sesión de ayer en la Cámara Alta el senador por Formosa del bloque oficialista Cambiemos, Luis Naidenoff, tuvo la hidalguía de reconocer la enorme inclusión conseguida en ese período y otros logros valiosos.

Sin duda su mayor déficit consistió en no tomar medidas más drásticas para saldar la deuda que motivó la reciente sanción de la Ley de Reparación. En su descargo podrá decirse que pagó los cerca de 250.000 juicios que tenían sentencia definitiva en la Justicia y que aplicó las leyes 24.241 y 24.463 de la era Menem-Cavallo y que tienen plena vigencia. O que la ANSES apelaba los fallos judiciales, porque como organismo del Estado tenía la obligación de hacerlo.

También puede impugnarse este argumento porque con decisión política esas leyes hubieran podido ser derogadas y aplicar otros criterios para pagar en tiempos y formas más acordes con las urgencias de los perjudicados.

Como balance valioso de este período quedan la universalidad del beneficio jubilatorio, el aumento automático de los haberes atados a los salarios de los trabajadores en actividad -que estuvieron todos los años por encima de la inflación-, haber garantizado el haber mínimo más alto de la región muy cercano al 82 por ciento y un porcentual promedio del 77 por ciento para los que hoy se jubilen con más de treinta años de aportes.

Y quizás, tan valioso como lo antedicho la estabilidad y sustentabilidad, inéditos en el período histórico comentado.

(*): Periodista y politólogo, autor del libro “Sistema Previsional Argentino. Mitos y Verdades”, junto a la abogada Elena Mitjans.