A pesar de que la gestión del intendente Carlos Arroyo se vio obligada a modificar varias de las medidas impulsadas en los proyectos de las ordenanzas fiscal e impositiva, el contenido de ambas propuestas continúa provocando rechazos.

Ayer más de 40 sindicatos acudieron al Concejo Deliberante para manifestarse en contra de una posible quita de exenciones que los obligaría a comenzar a pagar la Tasa de Servicios Urbanos (TSU) correspondiente a sus inmuebles.

Según argumentaron los gremialistas ante la comisión de Hacienda, en el caso de ser implementada, esta disposición sería “ilegal y nula” ya que violaría lo dispuesto por la ley 23.551, que en su artículo 39, exime a esta clase de instituciones del pago de cualquier tipo de impuesto o gravamen en los ámbitos nacional, provincial y municipal.

Los gremios no fueron los únicos en expresar ayer su descontento con las medidas con las que el gobierno local pretende captar nuevos ingresos para tratar de reducir así su abultado déficit.

Ayer la comisión de Hacienda también escuchó las quejas del Colegio de Martilleros, que a través de su vicepresidenta, Fátima Pugni, criticó la posibilidad de que los matriculados sean obligados a comenzar a tributar la Tasa de Seguridad e Higiene, quitándoles un beneficio concedido hace varios años.

“El Colegio tiene jurisdicción en los partidos de Balcarce, Mar Chiquita, General Alvarado y General Pueyrredon y este es el único municipio que plantea aplicar una medida de este tipo”, le dijo Pugni a LA CAPITAL.

Según explicó, el Colegio está pidiendo la conservación de este beneficio tal como ya se decidió hacerlo con los profesionales independientes que cumplan con el requisito de haber cursado carreras universitarias con más de 4 años de extensión.

Según Pugni, esta última condición “es discriminatoria” ya que los martilleros y corredores públicos reciben sus títulos universitarios luego de 3 años de cursada.

“No existe motivo alguno para establecer que la exención debe ser otorgada en función de la duración de una carrera, ya que el beneficio está pensado para todos los profesionales universitarios, independientes y colegiados y en nuestro caso cumplimos con todos esos requisitos”, explicó.

Además destacó el rol que el Colegio de Martilleros cumple dentro de la comunidad y subrayó su permanente participación ad honoren en diferentes ámbitos de la administración pública municipal.

“Por mencionar sólo algunos ejemplos, nosotros participamos en la Comisión Tasadora Permanente del municipio, en el Plan Estratégico, el directorio del Ente Municipal de Turismo, el Foro de Seguridad o el Foro de la Construcción”, describió.

“Consideramos que existen motivos muy claros por los que deberíamos seguir exentos”, aseguró.

Por su parte la postura del sector sindical fue expresada por el secretario de Cultura del Sindicato de Empleados de Comercio, Raúl García, quien ayer les advirtió a los concejales que el intento del Ejecutivo de aplicar la TSU sobre los inmuebles pertenecientes a estas instituciones es ilegal.

“Acá hay una intención de desfinanciar a los sindicatos”, sostuvo y aseguró que en el caso de que la medida prospere las organizaciones gremiales acudirán a la Justicia con la seguridad de que obtendrán un resultado favorable.

“Entonces, ¿para qué judicializar algo que está tan claro?” se preguntó García, quien por esa razón les reclamó a los concejales la modificación del proyecto para “evitar que ambas partes fabriquen honorarios judiciales de manera innecesaria”.

Según García, la pretensión de la gestión de Arroyo de aplicar la TSU sobre las sedes sindicales “es desconocer la ley” e “ingresar en un conflicto que está perdido por el municipio, porque en este caso, la razón nos asiste más que nunca”.