Tanto los concejales como algunos de los principales funcionarios del gabinete municipal hasta ayer desconocían los fundamentos de la demanda presentada por la gestión del intendente Carlos Arroyo contra el Concejo Deliberante por la presunta existencia de un “conflicto de poderes” a causa de la aprobación de una ordenanza por la cual se dispuso revertir el recorte de las bonificaciones de los docentes que se desempeñan en el sistema educativo de la comuna.

Según pudo saber LA CAPITAL, el escrito aún se encuentra en la Secretaría de Demandas Originarias de la Suprema Corte de Justicia desde el viernes pasado y este miércoles podría ser llevado a la reunión de acuerdos del Máximo Tribunal para ponerlo en conocimiento de sus miembros. No obstante no se espera que surja alguna definición en las próximas horas.

Ayer en el Palacio Municipal tanto los concejales como varios funcionarios de primera línea del Ejecutivo aseguraban desconocer por completo el contenido de la presentación ya que no sólo no habían tenido acceso a una copia sino que tampoco habían podido hallar a quien asumiera su autoría.

Por esa razón en las últimas horas se acrecentaron las versiones en torno a la posibilidad de que la demanda no haya sido confeccionada por el área Legal y Técnica del Ejecutivo, sino por algún estudio de abogados especialmente contratado para el llevar adelante el caso.

De ser así, ese hecho explicaría el clima de tensión observado ayer dentro del gabinete del intendente Arroyo, atribuido al malestar de algunos funcionarios que aparentemente no estaban al tanto de la decisión de actuar en el terreno judicial.

El planteo del Ejecutivo, que por su naturaleza requiere directamente la intervención de la Corte, tuvo su origen en la decisión del Concejo Deliberante de aprobar una ordenanza mediante la cual se dispuso que la comuna les liquidara a los docentes municipales la bonificación que perciben desde hace 30 años tomando como referencia la remuneración de un agente municipal con una carga laboral de 35 horas semanales.

De este modo y tras someter a los secretarios de Economía, Hernán Mourelle y de Educación, Luis Distefano, a una intensa interpelación, los concejales resolvieron por una amplia mayoría dejar sin efecto la decisión del Ejecutivo de recortar el monto de ese plus.

Lejos de acepar lo resuelto, la respuesta del Ejecutivo consistió en profundizar su enfrentamiento con el Concejo.
Fue así como este viernes presentó ante la Corte una demanda planteando la existencia de un conflicto de poderes, es decir, de una situación en la cual el Deliberativo se habría atribuido una competencia que no le correspondería ejercer.

Ahora la primera incógnita pasa por saber si los magistrados interpretarán la situación en esos términos o si por el contrario, considerarán que lo único que existe es un simple desacuerdo político de la gestión de Arroyo con los concejales.

En el caso de que la Corte acepte intervenir en el caso debería notificar al Concejo Deliberante sobre la existencia de la demanda y requerir que el cuerpo exponga su postura. En líneas generales, salvo la bancada arroyista, los concejales consideran haber aprobado una ordenanza en base a sus facultades para legislar, sin haber avasallado en ningún momento las competencias del Ejecutivo.

En la historia local las demandas por “conflicto de poderes” registran escasos antecedentes y una de las más resonantes se produjo a mediados de los años ’90, cuando el Concejo Deliberante debatía la destitución del entonces intendente Mario Russak. En aquel momento en su estrategia de defensa el ex jefe comunal había resuelto recusar a la comisión investigadora que promovía apartarlo del cargo, frente a lo cual fue el propio Concejo Deliberante el que acudió a la Corte. En se contexto el Máximo Tribunal dictaminó la inexistencia de un conflicto de poderes, admitiendo que el cuerpo siguiera adelante con el trámite de destitución.