Una nueva oferta del Ejecutivo local fue realizada a los trabajadores municipales de General Pueyrredon que desde hace tres semanas realizan retención de tareas. Consiste en un aumento del 12% retroactivo a octubre de 2018 y un 2% a diciembre del mismo año, aunque no satisface las expectativas del sindicato, según admitieron sus dirigentes.

La propuesta seguramente será rechazada hoy por una asamblea aunque, desde el Ejecutivo, desde la mañana, comenzarán a analizar una serie de variables con el fin de intentar darle un corte a la conflictiva situación que en plena temporada estival está ocasionando una serie de trastornos que van desde la falta de controles en el tránsito, generándose el lógico caos, la venta de alcohol en horarios no permitidos y la proliferación, por la falta de inspectores, de todo tipo de actividad comercial ilegal en las calles.

“Se ha llegado a un punto límite. Entre la incapacidad de las autoridades municipales para resolver el conflicto desde hace un mes y la intransigencia de un gremio que no acepta otro número que el que ellos proponen, estamos en un callejón sin salida”, reconoció ante LA CAPITAL un operador que intentó mediar entre las partes, antes de que se concretara el encuentro de ayer.

De hecho, a partir de ahora ya no habrá intervención del Ministerio de Trabajo en su sede platense.
Todas las negociaciones se empantanaron ayer cuando los representantes del sindicato insistieron en tratar en esa mesa la cuestión de las bonificaciones a los docentes municipales eliminadas por el Ejecutivo a partir de una presentación judicial ante la Suprema Corte. Desde el Ministerio de Trabajo se sugirió conformar una mesa técnica para la discusión excluyente de esta delicada situación -el Concejo había restituido las bonificaciones pero el intendente Arroyo dispuso judicializar ese conflicto-, pero el sindicato se opuso.

“Hoy el problema entre las partes no es solo salarial sino que se ha agravado por la judicialización del conflicto de los docentes”, revelaron fuentes bonaerenses. De hecho, en la mañana de ayer el intendente deslizó la posibilidad de también judicializar este conflicto salarial, aunque por la tarde otros funcionarios del gabinete le bajaron los decibeles a esta amenaza ofreciendo otras alternativas.

El encuentro de ayer

Desde la Municipalidad local se detalló que el Ejecutivo ofreció una nueva propuesta del 12% de aumento retroactivo a octubre y 2% de aumento a diciembre, ratificar todos los puntos de la anterior propuesta (no descuento de los días de medidas de fuerza, pase a planta permanente de 200 empleados temporarios), convocar a una mesa técnica para tratar la situación de los docentes municipales, convocar a una mesa técnica para tratar el Convenio Colectivo de Trabajo, aclarándose que la propuesta es integral, es decir, que no aceptado un punto no tendrán efecto los restantes. El ministerio exhortó a que el gremio deje sin efecto las medidas de fuerza.

“Tendremos que ir a la justicia, que es en donde últimamente ganamos todos los conflictos”, aseguró Gastón Armendáriz, secretario de Seguridad e Higiene de los municipales de General Pueyrredon, tras salir de la reunión convocada por la cartera laboral bonaerense para poner fin al conflicto que tienen con el Ejecutivo municipal.

La respuesta de Armendáriz no fue antojadiza, se dio en el marco de una amenaza del intendente Arroyo, que aseguró que iría a la justicia si ayer no se llegaba a un arreglo con el gremio.

“La reunión fue en los mismos términos que la semana pasada, no hubo variantes por parte del Ejecutivo, ofrecen un 12% y un 2% después, pero no incluyen el tema docente que es fundamental y trascendental para los trabajadores de Mar del Plata”, dijo Armendáriz.

Ante la posibilidad de judicializar la paritaria, remarcó que “lamentablemente esto demuestra la falta de manejo político del intendente. Esto se solucionaba con un gesto de buena voluntad en el caso de los docentes y después seguir con la discusión salarial. Pero estamos acostumbrados a que todos los errores, para no dar el brazo a torcer, tener que llevarlos a la justicia. Pero bueno, tendremos que ir a la justicia que es en donde últimamente ganamos todos los conflictos”.

Armendáriz no cree que esta sea una lucha perdida, por el contrario, indicó que “la perspectiva para los trabajadores es muy buena, porque estamos todos los municipales unidos y atrás de sus derechos. Lamentablemente el Ejecutivo no entiende eso y no nos ve como ciudadanos de la ciudad, por lo que cada uno tendrá que hacer lo que corresponde para ver cuáles son los resultados”.

Por su parte, el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, sostuvo que “mejoramos nuevamente la propuesta, con un 12% de aumento al mes de octubre, más un 2% a diciembre, el sindicato determinó que la van a poner a consideración de la asamblea del cuerpo de delegados y el ministerio cerró la instancia de negociación que había abierto en esta sede central, dejando las tratativas paritarias en el marco de su delegación en Mar del Plata”.

El funcionario arroyista se refirió a la propuesta que pusieron sobre la mesa y si bien no admitió que fuera ‘la misma pero maquillada’, dejó ver que cuando menos era muy parecida a la anterior al declarar que “es similar pero con una mejoría que otorga mayor ingreso salarial en los bolsillos del trabajador”.

En relación a las declaraciones del mandatario comunal sobre llevar a la justicia el conflicto para encontrar una resolución, Vicente aclaró que “en lo que hace a la paritaria, nosotros en las próximas horas vamos a pensar que decisión vamos a tomar para favorecer a los trabajadores, porque ese es nuestro objetivo, nuestra finalidad. Los que vinimos a esta reunión, no hemos analizado por ahora la cuestión de la judicialización”.

Por lo que se pudo entrever, las medidas de fuerza serían ratificadas hoy por la asamblea, con lo cual seguiría el quite de colaboración que tiene tanto de efectivo como de perjudicial para la ciudad en plena temporada estival.

Las variantes que maneja el Ejecutivo

“No nos vamos a quedar de brazos cruzados a esperar hasta el lunes para que todo siga igual”, reveló anoche a LA CAPITAL una altísima fuente del gobierno de Arroyo. En el gabinete son más los que se oponen a la judicialización de esta situación que los que la aprueban. “Ya el costo de haber llevado a la Corte el conflicto de poderes con el Concejo Deliberante es muy alto”, coinciden.

Asimismo, algunos alentaban la posibilidad de que la diferencia entre lo que ofertaba el Ejecutivo y lo que pedía el gremio -más aun teniendo en cuenta que se encuentra en la ciudad la gobernadora María Eugenia Vidal, quien volvió a apostar por Mar del Plata en esta temporada- la pusiera la Provincia, lo que, quedó claro, no sucedió.

Pero alguien sugirió ayer en cercanías del intendente Arroyo hacer “la gran Vidal”, a propósito de la medida adoptada por la gobernadora oportunamente en el conflicto que mantenía con los gremios docentes. En tal sentido, no sería dscabellado pensar que hoy mismo, a través de un decreto, el intendente municipal conceda un incremento salarial para los trabajadores municipales de un 14 por ciento a partir de diciembre. En su momento, desde el Ejecutivo se propuso que fuera el Concejo el que autorizara un incremento, lo cual fue rechazado por el cuerpo deliberativo.

Queda claro que el sindicato se opondrá a este aumento que podría oficializarse hoy mismo, según comentó un estrecho colaborador del jefe comunal a LA CAPITAL y que insistirá con sus medidas de fuerza. Sin embargo, plasmado este aumento por decreto, al Ejecutivo se la abriría una nueva puerta ante el Ministerio de Trabajo: volver a pedir la conciliación obligatoria con lo cual deberían normalizarse las actividades. Y volver a negociar. Pero al menos, en el mientras tanto, con una ciudad más ordenada que la que hoy visualizan marplatenses y turistas.

“Es discutible aunque factible que pueda volver a dictarse la conciliación obligatoria. Es un año diferente al de la anterior, y otro marco”, reveló confiado el funcionario quien reconoció que si hoy el intendente firma el decreto, inmediatamente se volvería a pedir la intervención del Ministerio de Trabajo, en este caso en la delegación local, para que dicte una nueva conciliación obligatoria.