Senadores bonaerenses del PRO y La Libertad Avanza presentaron un proyecto conjunto para que la Legislatura repudie la “persecución injustificada” de la Comisión Provincial por la Memoria al intendente Guillermo Montenegro “por mantener el orden social y garantizar la seguridad ciudadana”.

La presentación se produjo luego de que esa comisión presentara ante el Concejo Deliberante un pedido para que se investiguen las acciones del jefe comunal vinculadas a los cuidacoches y los que duermen en la calle. Las definió como “apología del delito”.

Marcelo Leguizamón, Alejandro Rabinovich, Jorge Schiavone, Christian Gribaudo y Alex Campbell, del PRO, y los libertarios Carlos Curestis y Daniela Reich aseguraron que el jefe comunal emprendió “acciones concretas contra individuos que se encuentran prófugos de la Justicia y constituyen una amenaza constante para los vecinos”.

Según indicaron, el compromiso del Estado provincial con el respeto irrestricto de la ley, el mantenimiento del orden público y la prevención de delitos “debería ser una condición fundamental y normal para el desenvolvimiento institucional de nuestra democracia, donde se debería destacar también la importancia de las acciones coordinadas entre los distintos niveles de gobierno en materia de seguridad”.

“Lamentablemente –afirmaron– nada de esto ocurre por la visión sesgada, partidista, ideologizada y selectiva de los derechos humanos que tiene el gobierno provincial, que se demuestra ante cada intervención con intereses políticos bien definidos y cada persecución al que piensa diferente, llevada adelante por la Comisión Provincial por la Memoria”.

A su entender, “los operativos que denuncia y son mencionados en el documento de dicha institución provincial no tienen otro objetivo que garantizar el orden público, la seguridad de los vecinos y el cumplimiento de la ley, respondiendo a las numerosas denuncias realizadas por la ciudadanía respecto de situaciones de extorsión, amenazas y comportamientos violentos en la vía pública por parte de estos ‘trapitos'”.

Los senadores sugirieron que “en lugar de perseguir a aquellos intendentes de un partido político diferente al oficialismo, resultaría fundamental que el gobierno provincial respalde las acciones municipales que buscan proteger a la población, siempre dentro del marco del respeto a los derechos humanos y las garantías constitucionales, entendiendo que la seguridad y la paz social son pilares fundamentales de una sociedad democrática y ordenada”.

En ese marco, apuntaron que “una vez más el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires decide ponerse del lado de los delincuentes y de sus supuestos derechos en lugar de proteger a los vecinos y vecinas que se ganan el pan con el esfuerzo de su trabajo”.

Ayer, en una nota que envió al cuerpo deliberativo después de ampliar una denuncia penal contra el jefe comunal, la Comisión Provincial por la Memoria expresó su “honda preocupación” por las medidas que el intendente “está implementando con relación a las personas que viven en situación de calle, a quienes trabajan en la venta ambulante y a aquellos que se dedican a cuidar vehículos o limpiar vidrios en la vía pública”.

Con la firma de todos sus integrantes, la comisión presidida por Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos afirmó que ha visto en los medios y en las redes sociales del propio jefe comunal imágenes “que ponen en evidencia la violencia física y psíquica, las amenazas, hostigamiento y abuso de autoridad ejercidas por agentes de la Patrulla Municipal contra personas vulnerables”.

Montenegro les respondió en el acto. “Lo que no pueden ganar en las urnas, en las calles o en la voluntad de la gente, lo intentan forzar con una destitución. Están desesperados. Saben que su extinción está cerca”, posteó en su cuenta de X.