Seis de cada diez argentinos están de acuerdo con la despenalización del aborto, y la misma proporción considera que la Iglesia Católica “no debería tener injerencia en las políticas sobre el tema”, según una encuesta realizada por Amnistía Internacional junto al Centro de Estudios de Estado y Sociedad (Cedes) y la consultora Quiddity.

Además, el 70 por ciento de los encuestados considera como “muy” o “bastante importante” que el Congreso debata los proyectos sobre interrupción voluntaria del embarazo, y la mitad evalúa que los legisladores “deben priorizar los derechos de las mujeres por sobre otros argumentos” a la hora de votar.

“Mucho se ha hablado sobre si la sociedad está o no preparada para debatir sobre el aborto y estas opiniones son contundentes”, señaló a Télam Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.

Para la abogada especializada en derechos humanos, los resultados muestran también que “hay más información y conocimiento sobre el tema”, para lo cual fue “absolutamente beneficioso” que “el presidente (Mauricio Macri) lo ponga en agenda, sumado a la movilización de las organizaciones” que integran la Campaña por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

“Esta coyuntura política tan favorable hace que el tema se empiece a debatir en todos lados, y en ese sentido es muy similar a lo que pasó con el matrimonio igualitario, que no estaba en la agenda pública y la decisión de habilitar el debate adoptada por el ex presidente (Néstor) Kirchner hizo que la gente se informe y se informe bien”, dijo.

Si se comparan estos datos con los de una encuesta similar realizada hace cuatro años por la organización, “los resultados son absolutamente diferentes”, en un sentido “beneficioso y alentador” para la despenalización del aborto.

La encuesta “Situación de la opinión pública respecto al aborto” fue realizada entre el 3 y el 5 de marzo a través de entrevistas telefónicas a 1.561 hombres y mujeres mayores de 16 años del país.

El estudio demuestra la consolidación del tema en la agenda pública: el 87 por ciento escuchó una noticia vinculada en los últimos días y el 98 por ciento conoce algo sobre el proyecto de ley que comenzará a debatirse en el Congreso, con el que tiene familiaridad el 57 por ciento.

En cuanto a los factores que “deberían tener más peso” para los legisladores al momento de adoptar una decisión, el mayor porcentaje se lo llevan los derechos de las mujeres (50 por ciento), seguido por la evidencia científica (18 por ciento), sus creencias religiosas (9 por ciento), la opinión de la gente (8 por ciento), sus propias ideas (6 por ciento) y la postura de su partido político (1 por ciento).

Respecto a la trascendencia de que la despenalización del aborto se discuta en el Congreso, sólo el 27 por ciento considera que es “poco” o “nada importante”.

Por otro lado, el nivel de acuerdo con la realización de un aborto muestra variaciones según la situación en la que se hiciera, siendo aquellas circunstancias donde está en peligro la vida de la madre las que cosecharon mayor nivel de consenso (81 por ciento).

Además, el 77 por ciento de los encuestados está de acuerdo con la realización de un aborto si la mujer quedó embarazada producto de una violación, el 72 por ciento si el feto tiene una malformación incompatible con la vida extrauterina, el 49 por ciento si la mujer así lo decide, el 48 por ciento si ella y su familia carecen de recursos económicos y el 40 por ciento si falló el método anticonceptivo.

El informe “refleja una realidad cercana e impactante”, advierte el comunicado de Amnistía, ya que casi cinco de cada diez entrevistados dijo conocer a alguien que haya interrumpido voluntariamente un embarazo, “conocimiento que permea a todas las clases sociales”.

En tanto, la Iglesia Católica es relegada por la mayoría: el 63 por ciento dice que “no debería tener influencia o injerencia” en la política en torno al aborto, es decir, sobre lo que “hacen o piensan” los gobernantes o los ciudadanos.

Además, los encuestados opinaron que la institución tiene “poco o nada” de interés en que haya educación sexual y reproductiva en las escuelas (63 por ciento) y que realiza “poco o ningún esfuerzo” en ese sentido (73 por ciento), mientras que la gran mayoría está de acuerdo en que debería incluirse ese tipo de formación en primarias (91%) y secundarias (92%).

“Este gobierno parece no haber leído que la gente ve como muy importante que se enseñe educación sexual en las escuelas, de allí que no se esté implementando como corresponde. Esta encuesta interpela directamente al Ministerio de Educación”, dijo Belski.

En cuanto a la percepción sobre el propio nivel de conocimiento sobre el tema, el 59 por ciento se considera “muy” o “bastante informado”, y el 37 por ciento se percibe como “poco” o “nada informado”.

“Fue insoslayable la habilitación del presidente de poner el tema en agenda: ahora es turno del Congreso definirlo”, concluyó la directora de Amnistía.