Aunque de manera tardía, finalmente semanas atrás la declaración jurada del intendente Carlos Arroyo se sumó a las de otros funcionarios del Ejecutivo obligados a informar y a hacer públicos sus bienes.

A través de un formulario completado de manera manuscrita, a más de año de haber asumido, el jefe comunal reveló tener un patrimonio personal de 600 mil pesos, conformado por dos inmuebles que comparte con otros familiares, un plazo fijo de 400 mil pesos y un depósito de 1700 dólares.

La presentación, con fecha del 5 de enero, se realizó luego de que Arroyo fuera intimado a través de una carta documento y después de que algunos integrantes del gabinete argumentaran que el intendente no había cumplido con el trámite en tiempo y forma, tal vez, por no tener “bienes a su nombre”.
Lo cierto fue que su declaración -la última que faltaba en el listado- se sumó a las de otros 97 funcionarios que para esa fecha ya habían cumplido con lo dispuesto por la ordenanza 13.914.

Todos esos documentos permanecen publicados en la sección “transparencia” de la web oficial de la comuna y describen qué activos, deudas y otra clase de bienes poseen quienes ocupan los principales cargos dentro del Ejecutivo comunal.

Al revisar y analizar todas esas declaraciones juradas saltan a la vista situaciones de lo más diversas y curiosas.
Por ejemplo el listado aún muestra bienes de funcionarios que ya no desempeñan cargos, entre los cuales figuran varios que se alejaron descontentos de la gestión.

Al revisar los formularios es posible detectar varios que están completamente vacíos, con faltantes de información, con palabras ilegibles o con tachaduras. Otros revelan que sus autores fueron mucho más puntillosos.
Hubo quienes se tomaron la molestia de completarlos a máquina o en computadora y de precisar qué porcentaje de cada bien poseen, con quiénes los comparten o cuál es su valuación fiscal.

Inmuebles

En ese contexto, no deja de llamar la atención el hecho de que dentro del Ejecutivo aparezcan 17 “sin techo”, que dejaron la categoría inmueble en blanco.

En el otro extremo, entre los que más propiedades declaró, con un total de seis, figura la subsecretaria de Coordinación Administrativa, Matilde Ladrón de Guevara. La siguen, con cuatro, el director de Coordinación Administrativa, Iván Geminiani; el director de Transporte, Claudio Cambareri; el secretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro; el subsecretario de Control, Carios Iriarte; el director del Cecmu, Marcelo Lencina; el director de la Procuración, Jorge Rodón y el secretario de Economía y Hacienda, Gustavo Schroeder.
Entre los que en cambio declararon bajo juramento no tener casa propia están la secretaria de Desarrollo Social, Vilma Baragiola, quien el 23 de febrero del año pasado aseguró tener, como único patrimonio una suma en efectivo de 87 mil pesos. La funcionaria dejó en blanco los espacios dedicados a informar sobre la posesión de automotores, cuentas bancarias o tarjetas de crédito.

El listado de los sin techo se completa con Walter Alló, director coordinador de la Dirección General de Prensa; Adrían Alvarez, director general de la Secretaría de Cultura; Viviana Araujo, directora Coordinadora de Desarrollo Social; Marcelo Carrara, director de Asuntos de la Comunidad, Pablo Ceuninck, director general Emvial; Federico Chioli, director general de la Dirección de Cooperación Internacional y Relaciones con las ONG; Agustín Cinto, ex secretario de Desarrollo de gestión y Tecnologías; Héctor Cuviller, director coordinador del CEMA; María Paz De León, directora en la Secretaría de Cultura; Matías Figliozzi, director general de Comercio e Industria; Antonio Domingo Giannini, director coordinador de Desarrollo Social; Marcelo Gobello, director coordinador de la Secretaría de Cultura; Gustavo César Guagliardo, director general de Obras Privadas; Laura Hernández, directora general de la Juventud; Natalia Vezzi, directora coordinadora en la Secretaría de Cultura y Nora Zamora, directora coordinadora de la Secretaría de Cultura.

Qué dice la ordenanza

La ordenanza que obliga a los funcionarios a presentar sus declaraciones juradas no es explícita en relación a cómo cumplir con el trámite. La norma vigente desde 2001 contiene apenas tres artículos. “Establécese la obligatoriedad por parte del Departamento Ejecutivo de publicitar las Declaraciones Juradas Patrimoniales por Internet en las páginas oficiales de dicho Departamento y del Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon, de los funcionarios municipales desde director inclusive y jerarquías superiores, incluyendo subsecretarios, secretarios, intendente y concejales”, dice el primero. “La obligatoriedad establecida precedentemente comenzará a regir dentro de los treinta (30) días de promulgada la presente”, agrega el segundo. “Comuníquese, etc.”, concluye el tercero.

Aparentemente la norma deja abierto al criterio de los funcionarios de qué manera dar cuenta de sus bienes, con qué nivel de detalle y con qué frecuencia. Paralelamente, además de presentar la declaración que se hace pública a través de internet, los funcionarios deben presentar una versión mucho más detallada, exigida por el Tribunal de Cuentas de la Provincia, la cual permanece resguardada en Tesorería de la comuna.
Pero más allá de eso, entre el documento que se difunde públicamente y el reservado no deberían existir diferencias en relación a lo que cada funcionario declara tener o adeudar. De las casi 100 declaraciones juradas analizadas por LA CAPITAL, surgieron algunos datos interesantes. Entre los bienes mencionados por los funcionarios aparecen casas, departamentos, ahorros, automóviles, camionetas, camiones, campos, acciones, inversiones financieras, empresas, cocheras, bauleras, fideicomisos, oficinas, lanchas, como es el caso del delegado del puerto y presidente de la sociedad de Patrones de Pesca, Luis Ignoto y hasta aeronaves, como ocurre con el director general de la Secretaría Privada, Juan José Mogiatti.