Tras anunciar la intervención del Consejo Escolar del Partido de General Pueyrredon, el subsecretario de Educación de la Provincia de Buenos Aires, Sergio Siciliano, aseguró que por el momento no existen elementos de prueba que pongan en duda  la actuación de la presidenta del organismo, Sofía Badié, ni del resto de los consejeros escolares.

“Esta no es una intervención que ponga el foco sobre los consejeros, sino que lo hace sobre las empresas y sobre los procesos administrativos” referidos al cumplimiento de los contratos vinculados  al transporte, el suministro de alimentos y al mantenimiento de la infraestructura edilicia de las escuelas, le dijo el funcionario a LA CAPITAL.

Según explicó, a partir de ahora el interventor, Roberto Angrisani, contará con el respaldo del Ministerio para “tomar las decisiones que haya que tomar”.

“Lo más importante es que durante estos 180 días se noten cambios en las escuelas y que se perciba que las empresas cumplen”, aseguró.

-¿Cuáles fueron las razones concretas que motivaron la intervención? – le preguntó LA CAPITAL a Siciliano.

-Fundamentalmente detectamos una falta de control en la implementación de los servicios por los que las empresas fueron contratadas. Estamos hablando básicamente de infraestructura, transporte y alimentos. Fundamentalmente se trata del control de la contratación de estos servicios que las empresas deben brindar. Ese es punto en común en cada uno de los casos.

-Acaban de mencionar que algunas irregularidades datan del año 2014. ¿Sospechan que este es un problema que tiene su origen mucho más atrás?

-Efectivamente las primeras auditorias realizadas en el Consejo Escolar por esta gestión comienzan en 2014. En muchos casos las empresas continúan, a veces con cambios en sus nombres y figuras legales. Pero de 2014 a la fecha hemos realizado distintas auditorias en distintos campos y notamos estos problemas en los controles. Los propios consejeros y especialmente su presidenta, Sofía Badié, nos han señalado muchas de estas irregularidades que requerían de una intervención mucho mayor que la que podía proveer un consejero. Por eso nos pareció importante intervenir con la estructura del Ministerio. Se trata de una de esas batallas que a veces es difícil dar en lo territorial. Por eso el avocador,  Roberto Angrisani, es una persona que viene de afuera, con mucha experiencia en gestión, y va a mirar las cosas desde otro lugar y tendrá un peso político para tomar decisiones que haya que tomar.

-¿Las irregulariades detectadas son similares a las que podrían registrarse en otros distritos de la Provincia o tienen alguna particularidad?

-Es un caso distinto ya que General Pueyrredon es un distrito complejo en sí mismo debido a la cantidad de servicios educativos y a la cantidad de escuelas municipales que posee. Además hay varios años de deterioro en la infraestructura edilicia. Eso lo hace más complejo e impone la necesidad de buscar soluciones rápidas y para ello es que implementamos este mecanismo administrativo. Hay que aclarar que no existe, como en otros casos, una intervención motivada por denuncias o sospechas sobre la actuación de los consejeros. En este caso no hay elementos de prueba que pongan en duda la actuación de los consejeros de alguna fuerza política. Obviamente tenemos diferencias con algunos de ellos, algunas muy públicas y contundentes. Pero esta no es una intervención que ponga el foco en los consejeros, sino en las empresas y en los procesos administrativos.

-¿Qué resultados esperan obtener cuando este proceso concluya?

-Cuando este proceso concluya el Consejo Escolar volverá a funcionar con al conformación institucional que los vecinos han votado y se tendrá que ver de qué forma se organiza. Esperamos ahora tener los resultados de estas auditorias y de nuevos informes, pero lo más importante es que durante estos 180 días se noten cambios en las escuelas y que se perciba que las empresas cumplen, fundamentalmente, con el mantenimiento. Eso es lo que queremos lograr.