La causa está en secreto de sumario pero con el procesamiento de cinco personas, la Justicia Federal dio a conocer detalles de la investigación sobre la secta del Hotel City, cuyo líder sometía sexualmente incluso a sus propios hijos, y se supo que la banda delictiva funcionaba desde la década del ´70.

Bajo la apariencia de un ministerio o grupo de yoga con influencias de la filosofía hindú, los alumnos convivían bajo el mismo techo que su maestro en el edificio marplatense desde 2005. Pero anteriormente lo habían hecho en una casa del conurbano bonaerense e incluso en Venezuela, país del que es oriundo el principal acusado, de 72 años.

La intención de la congregación era captar y embaucar a personas en situaciones de vulnerabilidad -marcada por su escasa edad, circunstancias familiares adversas, falta de contención, bajos recursos económicos y de educación-, convencerlas de hacer aportes económicos a las arcas de la organización, y reducirlas a la servidumbre con el objeto de explotarlas económica y laboralmente, y someterlas sexualmente.

Entre las víctimas, el líder no distinguía entre sus propios hijos y los de personas ajenas a su grupo familiar.

Obligaba a las víctimas al aislamiento social -no asistían a la escuela, no se relacionaban con el exterior, se movían en grupo, no podían comunicarse con los miembros que habían decidido irse y eran vigiladas por cámaras de seguridad-, tenía hijos con las mujeres que captaba; los obligaba a mantener relaciones sexuales entre quien él elegía bajo la excusa de ser un “aprendizaje sexual”, no le importaba que se tratara de menores de edad y los filmaba mientras lo hacían.

Además, se apropiaba de los bienes de las nuevas víctimas que captaba y quienes trabajaban en el hotel lo hacían a cambio de un valor simbólico de dinero, el alojamiento y la comida, o les hacía creer que era comunitario el trabajo, cuando sólo él se beneficiaba. Las torturas físicas y psicológicas también eran parte de la vida cotidiana en el lugar, tanto a menores como a los adultos.

De modo coincidente, los testigos y las víctimas relataron haber sufrido o visto palizas, golpes, estar colgados de una soga por un largo rato, asfixias con agua, simulacros de fusilamientos, picana eléctrica, entre otros tormentos.

Quien estaba al frente de la organización cumplía el rol de “guía espiritual” en la congregación que él mismo había fundado, daba las directivas en el hotel y tenía un completo control sobre las vidas y acciones de las víctimas. En su accionar también colaboraron su pareja, de 66 años, quien estaba al frente de la “cooperativa” administradora del emprendimiento hotelero; y tres sujetos que eran de confianza del líder y desempeñaban distintas tareas en la organización.

“Estamos básicamente en situaciones de esclavitud o análogas que quedan atrapadas por los delitos de reducción a servidumbre o trata de personas, prohibido por nuestra Constitución Nacional y sancionado penalmente por el artículo 140 del Código Penal, desde su sanción en 1921, y por el artículo 145 bis y ter del mismo Código Penal, desde el año 2008”, sostuvo el juez Santiago Inchausti al fundamentar los procesamientos.

En este sentido, planteó que las conductas delictivas respecto de las cinco víctimas comenzaron hace mucho tiempo, pero que nunca cesaron a lo largo de tres o cuatro décadas, por lo que debe ser tratado como “un delito permanente”, y en consecuencia, se le van aplicando la sucesión de leyes penales que se han ido sancionando en su transcurso. En efecto, la reducción a la servidumbre que comenzó con la hija menor de edad y las otras cuatro víctimas captadas se fue extendiendo en el tiempo y, en el año 2008, con la sanción del delito de trata de personas, continuó como este delito bajo la modalidad del acogimiento hasta que cesó el delito recientemente.

En la misma línea, en su resolución el magistrado toma en cuenta testimonios que vinculan al pastor con delitos de suma gravedad, que por cuestiones de amplitud de la propia causa, deberán ser investigador en otros expedientes: hubo quienes hablaron de desaparición de personas, torturas y homicidios contra personas que intentaron escapar de la red de trata en la que estaban sometidos.

En ese aspecto, a los fines de brindar asistencia a las víctimas, se ha dado intervención al Programa de Rescate del Ministerio de Justicia y a la Oficina de Atención de Víctimas del Ministerio Público Fiscal de la Nación en Mar del Plata.

Reducción a la servidumbre y trata

Los hechos reseñados por el fiscal Nicolás Czizik y el juez Inchausti tienen en principio su encuadre legal en el delito de “reducción a la servidumbre”, que concurre de forma ideal con el delito de “trata de personas” con fines de explotación sexual y laboral agravado por el uso de engaño, fraude, violencia, amenazas, abuso de autoridad, y de una situación de vulnerabilidad para obtener el consentimiento, por la cantidad de víctimas, la cantidad de victimarios, por ser ministro o autoridad de culto, y por la consumación de la explotación.

La causa tiene su inicio en la justicia provincial, a partir de una denuncia efectuada por la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal de la Nación: allí había llegado una denuncia anónima sobre situaciones de explotación y abusos sexuales de una secta que actuaba desde el Hotel City, situado en pleno centro marplatense, en Diagonal Alberdi al 2500. Esto fue ratificado y detallado por cinco de las víctimas de la secta donde se encontraban inmersas por circunstancias ajenas a su voluntad, y donde permanecían cautivos a través de la imposición de temor, violencia, encierro, exhibición de armas o golpizas. Reunidos distintos elementos, y en base a las declaraciones recibidas, el caso pasó al fuero federal.

A más de dos semanas de realizado el allanamiento, el secuestro de armas de fuego y dinero, y también las detenciones, se resolvió el procesamiento con prisión preventiva de los cinco acusados, a quienes se les trabó embargo por 10 millones de pesos. La medida fue tomada porque, para los investigadores, existe riesgo de fuga o entorpecimiento del desarrollo de la causa.

Si bien son cinco las víctimas por las que se dictaron los procesamientos, podría haber más de 30.