Por Natalia Kidd

La estatal Aerolíneas Argentinas, la principal compañía aérea del país, está nuevamente en el ojo de la tormenta por conflictos sindicales que ahondan las pérdidas de la empresa, en medio de quejas de los usuarios y un renovado debate sobre una eventual privatización de la línea aérea de bandera.

Con centenares de vuelos cancelados y reprogramados y decenas de miles de viajeros afectados, la compañía ha acumulado pérdidas por 2,5 millones de dólares desde que a mediados de agosto los gremios que representan a los trabajadores de Aerolíneas hacen asambleas y huelgas en reclamo de una recomposición salarial ante la elevada inflación en Argentina.

Sin avances en las negociaciones y pese a las sanciones aplicadas por la empresa a los trabajadores en huelga, desde los sindicatos amenazan con profundizar las medidas de fuerza.

En este álgido escenario, el Gobierno de Javier Milei decretó la ‘esencialidad’ del transporte aéreo, lo que obliga a los trabajadores a prestar servicios mínimos en medio de conflictos sindicales.

El político ultraliberal siempre se mostró decidido a privatizar Aerolíneas, pero el Gobierno tuvo que ceder esa pretensión y excluir a la compañía del listado de empresas susceptibles de ello incluido en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos -más conocida como ‘ley bases’-.

No obstante, el PRO, aliado del Ejecutivo, presentó recientemente un proyecto de ley para su privatización.

Creada en 1950, Aerolíneas fue privatizada en 1990 y vendida a la española Iberia, que, ocho años más tarde, cedió la gestión a la aerolínea estadounidense American Airlines.

La operación de la compañía pasó en 2000 a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de España, que en octubre de 2001 traspasó Aerolíneas al grupo privado español Marsans.

En 2009 el Estado argentino expropió a Marsans la línea aérea de bandera, que desde mediados de 2008 ya era gestionada por el Gobierno argentino tras entrar en una severa crisis financiera.

Aquel capítulo aún no ha concluido: a causa del litigio iniciado por Marsans por la expropiación, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), tribunal arbitral del Banco Mundial, condenó en 2017 a Argentina a pagar una compensación de 340 millones de dólares. Hace un mes, un tribunal estadounidense determinó que esa deuda no prescribió.

Según el proyecto de ley impulsado por el Pro, desde la reestatización de Aerolíneas, el aporte del Estado para cubrir su déficit “es superior a los 8.000 millones de dólares”.

De acuerdo a datos del Ministerio de Economía, al cierre de 2023 la empresa tenía un déficit financiero de 385.115,3 millones de pesos (392 millones de dólares).

Aerolíneas tiene 84 aviones operativos en su flota. El año pasado transportó un récord de 13,8 millones de pasajeros. Vuela a una veintena de destinos internacionales y unos 40 dentro de Argentina.

De acuerdo a datos oficiales, acapara el 62 % de los pasajeros en vuelos domésticos, un mercado en plena transformación debido a la política de ‘cielos abiertos’ que impulsa Milei y en el que también compiten las líneas de bajo coste Flybondi, JetSmart, Andes y American Jet.

Además de operar vuelos de pasajeros, el grupo Aerolíneas también está compuesto por Aerohandling (servicios de rampa y estiba de equipajes), JetPaq (transporte aéreo de cargas) y Optar (servicios turísticos).

De acuerdo a los últimos datos oficiales disponibles en el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Aerolíneas tenía una plantilla de 11.386 trabajadores en julio pasado, 570 menos desde que Milei asumió la Presidencia con medidas de reducción del Estado.

EFE.