El Gobierno promulgó las tres leyes que había enviado al Congreso como parte de su iniciativa para “desburocratizar” y modernizar el Estado, y que reemplazaron al decreto de necesidad y urgencia 27/18 que el presidente Mauricio Macri había firmado en enero de este año.

La medida se publicó hoy en el Boletín Oficial, dividida en las tres leyes que finalmente se enviaron al Congreso.

La primera de ellas es la ley 27.444, denominada Simplificación y desburocratización para el desarrollo productivo de la Argentina, y dinamiza el funcionamiento de Pymes y sociedades comerciales, a la vez que estimula su crecimiento, por medio de créditos y otras herramientas financieras, jurídicas y fiscales.

Entre otras medidas, la ley promulgada señala que “el Fondo Fiduciario para el Desarrollo de Capital Emprendedor otorgará créditos y/o asistencia financiera a emprendimientos, instituciones de capital emprendedor y a micro, pequeñas y medianas empresas”, sin que ello implique que deban renunciar a otros beneficios o regímenes de promoción existentes.

La segunda norma (ley 27.445) se titula Simplificación y desburocratización para el desarrollo de la infraestructura, y se trata de una serie de medidas para agilizar y promover el desarrollo de los puertos, la navegación y la aviación civil dentro del país.

La disposición crea la Empresa Argentina de Navegación Aérea Sociedad del Estado (EANA S.E.) en la órbita del Ministerio de Transporte de la Nación y le asigna “las funciones de control operativo de la prestación del servicio público de navegación aérea y la coordinación y supervisión del accionar del control aéreo, con sus respectivas competencias, cargos, personal y créditos presupuestarios, así como la administración de los bienes patrimoniales afectados a su uso”, entre otras.

Como contrapartida, se disuelve la Dirección Nacional de Control de Tránsito Aéreo, dependiente de la Secretaría de Estrategia de Asuntos Militares del Ministerio de Defensa.

La EANA S.E será prestadora del servicio, planificará y elaborará todo lo concerniente a la organización de los espacios aéreos, gestión de la afluencia de tránsito aéreo, servicios de tránsito aéreo e información aeronáutica, para su posterior elevación a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).

Además, se traspasan las funciones de prevención y control del tránsito en las rutas nacionales y otros espacios del dominio público nacional a la Gendarmería Nacional y a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que tendrán a su cargo la constatación de infracciones de tránsito en rutas, autopistas, semiautopistas nacionales y otros espacios del dominio público nacional.

La tercera es la ley 27.446, denominada Simplificación y desburocratización de la administración pública nacional.

Entre otras medidas, establece que “los documentos oficiales electrónicos firmados digitalmente” y sus variantes “tienen para el sector público nacional idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel”, a la vez que otorga nuevas herramientas y potestades a la la Unidad de Información Financiera (UIF).

En ese capitulo establece que cuando se trate de personas expuestas políticamente, “deberán adoptarse medidas de debida diligencia intensificadas tendientes a establecer alertas, que permitan tomar medidas oportunas” que permitan mitigar el riesgo de lavado de activos y/o financiación del terrorismo, tareas inherentes a la UIF.