La interna en la Unión Tranviarios Automotor (UTA) local escaló ayer con el ingreso de la agrupación Juan Manuel Palacios a la sede gremial de Belgrano 4575 para “tomar posesión” tras las elecciones de diciembre, lo que el sector desalojado consideró una “usurpación” del sindicato.

La controversia comenzó en diciembre, cuando se desarrollaron las elecciones del gremio en todo el país. A nivel nacional se impuso Roberto Fernández, con un 70 por ciento de los votos, sobre la lista que encabezó el opositor Miguel Bustinduy.

En Mar del Plata, el resultado fue al revés. Ganó la agrupación Juan Manuel Palacios, con Maximiliano Escriba como candidato a secretario general.

Sin embargo, la conducción que responde a Fernández adujo que, según el estatuto, el que gana a nivel nacional determina a los dirigentes de las distintas seccionales.

La Palacios rechaza esa versión y sostiene que los que “usurpan” el gremio desde hace cinco meses son los alineados con Fernández, que tienen como referente en Mar del Plata a Adrián Giménez. Incluso hizo un presentación judicial para que no se aplique el criterio de “lista sábana” y reclama que en otras ciudades del país donde también ganó le permitan acceder a la conducción. Ese reclamo se vería reflejado el viernes con una medida de fuerza de carácter nacional por parte de la facción opositora.

“La posibilidad del paro del viernes sigue vigente porque, hasta que no entreguen las seccionales, vamos a seguir con esa medida. No sabemos si va a ser por 24 horas o por tiempo indeterminado. Es un paro a nivel nacional por las cinco seccionales y pararían todas las empresas de Mar del Plata“, adelantaron desde la Palacios a este medio.

La agrupación Juan Manuel Palacios “tomó posesión” de la sede gremial de Belgrano 4575.

Por su parte, el Consejo Directivo Nacional y las Juntas Seccionales de la UTA, conducido por Fernández, afirmó en un comunicado que “una vez más los métodos patoteriles” se impusieron en la seccional local, tal como había sucedido el 16 de diciembre de 2019, cuando “también habían tomado la misma seccional”.

También acusó a la agrupación Palacios de no apegarse a la ley ni respetar la Justicia. “No existe ninguna entrega de la sede gremial, sino una usurpación con el ingreso de cerca de 30 personas, cerrando con cadena y candado la puerta principal, impidiéndole el ingreso a las autoridades de la Unión Tranviarios Automotor”, señaló la Junta Ejecutiva conducida por Giménez, que descartó convocar a un paro en virtud de la interna. “Vamos a seguir agotando instancias judiciales”, señaló.

Por su parte, Juan Cruz Mastromarino, vocero de los que ayer ingresaron la entidad, aseguró que Giménez “ya no forma más parte del transporte” y le recomendó “que se busque trabajo”. 

“El Ministerio de Trabajo el viernes pasado dijo que por 72 horas le daba tiempo a Roberto Fernández para que le entregue a la Lista Azul en las cinco seccionales ganadas, que son Mar del Plata, Santiago del Estero, Córdoba, Santa Fe y Jujuy, la posesión del sindicato. Como esta gente no cumplió, decidimos venir al sindicato a reclamar lo que nos pertenece y nos quedamos“, agregó el vocero de la Palacios.

Fracasó la mediación

En este contexto hostil, para hoy estaba prevista una mediación judicial entre las partes, la cual no logró destrabar el conflicto, ya que cada sector mantuvo su postura.

“Nosotros vamos a ir con la misma postura, con lo que dictaminó la Justicia y el Ministerio de Trabajo las cinco veces que se apeló: nosotros somos sindicato y vamos a seguir aferrados al voto popular de la gente”, le había adelantado Mastromarino a LA CAPITAL.

Por su parte, Adrián Giménez tras la mediación dijo que no se resolvió el conflicto porque el sector del que él es referente plantea que “para sentarse a hablar” primero la Agrupación Palacios deben “desalojar la sede sindical”. “Ahora nuestro abogado va a seguir los pasos en la fiscalía”, indicó.

Asimismo, Gimenéz, acompañado por el letrado Fabián Driussi, adelantó que solicitaron el desalojo del sindicato. “Entendemos que el delito se configuró y necesitamos que se haga cesar los efectos del delito y la única manera de hacer cesar es que se ordene el desalojo”, manifestó Driussi.