El gobierno postergó para el 5 de julio la licitación para la operatoria del predio de disposición final de residuos, que en un principio iba a realizarse hoy.

El Emsur (Ente Municipal de Servicios Urbanos) resolvió dar lugar al pedido de una empresa interesada en participar que planteó dificultades para acceder al Certificado de Anotaciones Personales, uno de los requisitos exigidos en el pliego de bases y condiciones. El mismo se tramita en el Registro de la Propiedad Inmueble, que hoy se encuentra con retención de tareas a raíz de un conflicto gremial.

“Chequeamos lo que expuso la firma interesada y efectivamente es así. Incluso es posible que el conflicto se agrave, por eso postergamos la fecha. De todos modos, la intención es avanzar lo más rápido posible con la adjudicación”, informaron desde el Ejecutivo a LA CAPITAL.

Según el pliego de bases que diseñó el Ejecutivo Municipal, la intención es avanzar en la contratación de una única firma por cuatro años, con opción de dos más de prórroga. El presupuesto mensual para sostener el servicio asciende a casi $63 millones, con una proyección de $3.000 millones para los primeros 48 meses, aunque el monto se podrá ajustar por inflación. Además, la concesión se podrá prorrogar por otros dos años.

La licitación se llevará a cabo en dos etapas. En la primera, habrá una preselección de propuestas mediante puntaje y “en orden decreciente” en virtud de los “antecedentes, capacidad jurídica, económica y técnica requeridas” requeridas para afrontar la inversión y la ejecución del servicio. En el segundo tramo sólo se tendrá en cuenta la propuesta económica. 

Se trata de la segunda postergación de la compulsa. En principio, el Emsur había pautado la apertura de sobres para el 27 de diciembre del año pasado. Sin embargo, el proceso se suspendió: el Juzgado Contencioso Administrativo N°1, a cargo de Marcelo Fernández, hizo lugar parcialmente a una medida cautelar solicitada por Estrans SA y suspendió un artículo del pliego de bases y condiciones para licitar la operatoria del relleno sanitario.

La firma calificó en la presentación de “tendencioso” al pliego licitatorio y remarcó que el procedimiento resultaba “írrito” al contener “cláusulas que procuran su contratación direccionada en favor de un tercero”.

El artículo suspendido por el juez (el 16.3) señalaba que para la acreditación de la capacidad técnica de las empresas se aceptaba experiencia tanto en operación y mantenimiento de centros de disposición final de residuos como en recolección, barrido y servicios especiales. O en construcciones de centros operativos de disposición final o tratamiento de plantas de líquidos lixiviados.

La medida fue apelada por el municipio y, en abril, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo revocó la cautelar. “A diferencia de lo que plantean los representantes de Estrans, no se encuentran, por el momento, suficientemente probados que las mentadas cláusulas hubieran sido incorporadas con la exclusiva de finalidad de perjudicar a la firma actora y/o de direccionar el contrato en favor de un puntual oferente”, señaló la resolución de los jueces.

Con el aval de la Justicia, el gobierno fijó la apertura de sobres para hoy, pero se postergará otra vez ante la solicitud de una de las firmas interesadas. A pesar de las dilaciones, el gobierno buscará avanzar este año con una de las principales licitaciones de la gestión de Guillermo Montenegro.

En la actualidad, tres firmas operan el predio de disposición final: Ashira SA, Esur SA y Ciageser SA, todas contratadas tras la salida de Ceamse (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) a mediados de 2021.