Inmobiliarias de la ciudad aseguran que en Mar del Plata comenzaron a posponerse contratos de alquiler que estaban a punto de firmarse, luego de que a principio de la semana haya comenzado a circular información que indica que el gobierno analiza suspender la ley que regula la actividad, normativa que desde el sector coinciden en que fue perjudicial para los inquilinos y los propietarios.

“Venimos con un mercado con muy escasa oferta y con estos trascendidos la actividad se frenó un poco más. Fundamentalmente los propietarios que están por firmar por estos días dicen ‘ante la posibilidad de una modificación o suspensión, esperemos a ver que pasa’”, le comentó el secretario general del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de Mar del Plata, Oscar Cherú, a LA CAPITAL.

Si bien Cherú llamó a tener “mesura porque a nivel oficial no existe nada a estos momentos”, reconoció que “en estos días, lamentablemente, se agravó la situación” y estimó que esta tendencia va a continuar “hasta tanto no haya un poco de claridad en el tema”.

En este marco el martillero y corredor público Diego Del Valle, con casi tres décadas de experiencia en la actividad, señaló que en la ciudad “el mercado de locaciones de 36 está destruido” y añadió que un “trascendido”, como el que se dio a conocer desde el Palacio de Hacienda, “genera más incertidumbre”.

“Estamos en una situación que jamás se vivió en una ciudad como la nuestra: la oferta de alquileres por 36 meses que hay es ínfima”, recalcó Del Valle y coincidió con Cherú en señalar que durante la última semana tomaron conocimiento de casos en que los propietarios prefirieron dejar en “stand by” contratos de alquiler hasta que no haya certidumbre en torno a la normativa que regula la actividad.

Frente a este panorama, el secretario del Colegio de Martilleros comentó que han recibido consultas de inquilinos que no saben que ocurrirá con sus contratos, pero aclaró que “si hubiera algún tipo de modificación o suspensión de la ley siempre es para adelante, nunca son retroactivas”. “Cualquier decisión que se tome va a ser de aquí en adelante no cambiaría en nada el corto plazo para aquellos que están alquilando, pero sí en los contratos nuevos”, estimó.

Cabe recordar que la Ley de Alquileres vigente, la 27.551, fue votada por la Cámara baja en noviembre de 2019, convertida en ley por el Senado en junio de 2020 y entró en vigencia en julio de 2020. Entre las principales novedades que trajo consigo fue la extensión de 36 meses de los alquileres y la actualización anual del valor de la renta, en base a un índice de inflación que brinda el Banco Central.

Sin embargo, desde el sector inmobiliario indicaron que la normativa, y las cifras de inflación que registró el país en los últimos años, trajo complicaciones para los inquilinos, que debieron afrontar subas en torno al 90% de un año al otro, y para los propietarios, que lentamente empezaron a sacar sus propiedades del mercado de alquiler.

“Desde que está vigente esta ley, fuimos año a año perdiendo mercado”, aseguró Del Valle y señaló que los propietarios comenzaron a poner sus inmuebles a la venta o los destinaron a alquileres temporarios o para estudiantes.

Esta caída en la oferta de viviendas en alquiler por 36 meses generó un aumento en el precio de las pocas que quedan en el mercado, lo que hace que actualmente se pida, al menos, entre 50 y 60 mil pesos por mes por un monoambiente, desde 70 y 80 mil pesos por un dos ambientes, desde 90 y 100 mil pesos por un tres ambientes y al menos 150 mil pesos por un chalet.

No obstante, para Del Valle la ley actual “tiene casi 20 artículos y unos 18 están bárbaros en derechos para los inquilinos”.

“Esta ley no habría que derogarla, porque hay derechos que están buenos para los inquilinos. Esta ley tiene dos artículos que tendrían que mejorarse para empezar a acomodar el mercado: el del plazo, porque hacer un contrato a tres años en este país, con un 100% de inflación, es una locura, y también permitir que en este contexto inflacionario el propietario y el inquilino puedan actualizar ese alquiler aunque sea, mínimamente, semestralmente”, consideró.

“Si vuelve el plazo de 24 meses, de a poco va a volver la oferta y los valores van a empezar a competir”, consideró el martillero.

Piden Certidumbre

En este contexto, el secretario del Colegio de Martilleros dijo que la institución que representa aguarda una comunicación oficial por parte del Gobierno que arroje certidumbre acerca de que ocurrirá con la normativa que regula los alquileres.

“Con la incertidumbre que se generó en un tema tan sensible como la vivienda es necesario poner claridad sobre el tema. Estamos ansiosos de tener algún tipo de respuesta oficial”, manifestó Cherú y estimó que “muy posiblemente” la semana entrante haya novedades sobre el tema.

En la misma línea se pronunció Del Valle, que también consideró que durante la durante la semana debería haber una definición al respecto.

En negro y en dólares

Por último, los martilleros advirtieron sobre un mercado “en negro” que viene creciendo paulatinamente, en el que se dan acuerdos entre particulares y en el que se alquilan, por fuera de la ley, propiedades con condiciones diferentes que las que impone la normativa vigente.

“Nosotros trabajamos conforme lo ley la establece, pero no podemos negar ni desconocer que muy posiblemente hay un mercado informal, por fuera de las inmobiliarias, donde las partes hacen acuerdos distintos a los que establece la ley”, dijo Cherú.

En este sentido, Del Valle agregó que hay personas que van a las inmobiliarias y les piden hacer contratos de alquiler por dos años o con actualizaciones semestrales o trimestrales, pero aclaran que ellos solamente pueden basarse en la normativa actual, que establece contratos de tres años, en pesos y con la actualización anual.

Con respecto a la moneda, ambos martilleros también reconocen que tienen conocimiento de que en la ciudad se dan situaciones de particulares que solicitan cifras fijas en dólares para alquilar sus propiedades.

Sin embargo, Cherú advirtió que en esos casos “si el día de mañana hubiera alguna situación litigiosa, por el conflicto que sea, ahí te tenés que remitir a la ley y ahí es cuando empieza el conflicto”.

“Recomendamos no alejarse de la ley, porque el día de mañana eso puede traer grandes dolores de cabeza en torno a las viviendas, que es un tema sensible”, concluyó.