Ulises “Kuky” Arbizu (51), el hombre detenido en la causa por el secuestro y extorsión de Alejandro Juárez, se negó a declarar este jueves ante la imposibilidad de contar con su abogado de confianza.

Según confiaron fuentes policiales, Arbizu se presentó ante la fiscal María Florencia Salas solo para ser notificado de la imputación de privación ilegal de la libertad agravada y extorsión y en la misma audiencia adelantó que no iba a comparecer. Aunque le fue ofrecida la asistencia de la Defensoría Oficial, Arbizu adelantó que solo iba a ser asesorado por su abogado, Lucas Tornini. Debido a que éste se encuentra fuera de la ciudad, Arbizu decidió no declarar.

La fiscal Salas y su equipo de trabajo avanzaron en la acusación contra Arbizu en los últimos meses en base a un informe inicial del CATI (Cuerpo de Ayuda Técnico a la Instrucción), pero principalmente a las indagatorias a los otros tres implicados en el hecho, el policía Javier Collova, el expolicía Christian Holtkamp y el cambista Jorge “Ruso” Toletti.

El 19 de febrero de 2021, Alejandro Juárez fue secuestrado de un hotel de Punta Mogotes donde estaba con un amigo y un hermano. Tres hombres, que aseguraron al conserje ser policías -un cuarto permaneció en las inmediaciones-, ingresaron hasta la habitación donde estaba Juárez y le dijeron que debía acompañarlos. Para convencerlo sin una orden judicial le mostraron una captura de pantalla en la que se lo veía dentro del edificio Cabo Corrientes el 19 de diciembre anterior. Ese día un departamento de dicho edificio había sido asaltado y a la pareja que vivía allí los ladrones le robaron una cifra que aún hoy es un misterio pero que va de los 220 mil a los 400 mil dólares.

Uno de los ladrones era Juárez y los “policías” tenían la idea de sacarlo del hotel para luego pedirle 50 mil dólares a cambio de desvincularlo de la investigación. Lo extraño del caso es que Juárez, un expolicía devenido en delincuente, era conocedor de ciertos códigos del hampa y sin embargo decidió llamar al 911 una vez que lo liberaron en otro sector de la ciudad.

Ese hecho nunca fue investigado hasta que meses después, cuando se buscaba más prueba para esclarecer el asalto a Cabo Corrientes los detectives del CATI hallaron un cruce telefónico decisivo. Recién entonces tomó intervención la fiscal Salas que le sacó provecho a esa tarea previa y le agregó una profunda decisión de progresar hacia las detención de los cuatro involucrados.

Se estableció, entonces, que Collova, Toletti, Holtkamp y Arbizu habían sido los secuestradores y extorsionadores. Los tres primeros fueron detenidos: Collova en la misma DDI donde cumplía funciones, Toletti en su casa y Holtkamp, semanas después, cuando dejaba el país en Ezeiza. Recién el miércoles fue localizado Arbizu.

Un episodio asombroso de esta historia lo protagonizaron Toletti y Holtkamp el 2 de marzo de 2021, es decir, a unos días de cometer el secuestro: como Juárez no les pagó los 50 mil dólares, se presentaron espontáneamente en Tribunales. Allí pidieron declarar ante el fiscal Mariano Moyano, que investigaba el asalto, y le dieron toda la información que aseguraba que Juárez era el autor del hecho. Para entonces Moyano ya tenía direccionada la investigación y esas declaraciones terminaron por consolidarla.

A partir de allí se logró desbaratar la banda completa, cuyo último integrante, el entregador, fue detenido a principios de este mes en Berazategui.

Y faltaba una repercusión más, tal vez la más impactante derivada del secuestro de Juárez. Cundo Collova, Toletti y Holtkamp prestaron declaración ante Salas revelaron un entramado de corrupción policial, con venta de información y desvío de investigaciones, que pasó a ser investigada por el fiscal Marcos Pagella. Los sorprendentes datos que salieron a la luz terminaron con el exjefe departamental, José Luis Segovia, preso y acusado de encabezar una asociación ilícita mixta.