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El País 15 de diciembre de 2018

Se debatirá el proyecto que agrava penas a barrabravas violentos

La Cámara de Diputados buscará aprobarlo en tercera sesión extraordinaria. También debatirán la ley "Micaela", que establece la capacitación obligatoria con pespectiva de género para todos los funcionarios públicos.

La Cámara de Diputados buscará aprobar el martes próximo, en la tercera sesión extraordinaria de la Cámara baja, el proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol, que el oficialismo aspira a convertir en ley antes del fin de año.

Durante la sesión, convocada para las 12.30, la Cámara de Diputados debatirá además la denominada ley “Micaela”, que establece la capacitación obligatoria con perspectiva de género para todos los funcionarios públicos de los tres poderes del Estado, impulsado por diputados de la oposición.

Si bien el tema no estaba incluido en el temario de extraordinarias, el Gobierno enviaría el lunes una ampliación de la agenda para incorporar esta iniciativa que busca prevenir la violencia de género, que fue presentada tras el asesinato de una joven de 21 años, en Gualeguay, en abril del año pasado.

Se trata de un planteo de diferentes bloques para tratar el tema, que se reactivó tras la denuncia de un colectivo de actrices contra el actor Juan Darthes por abuso de una menor.

En la sesión se debatirá además un Acuerdo de Complementación Económica con el Mercosur y Chile.
Cambiemos tenía previsto aprobar la semana pasada el proyecto contra barrabravas -incluido en el temario de extraordinarias-, pero debido a disidencias impulsadas por diputados de varios bloques, el oficialismo aceptó postergar el debate de esa iniciativa para lograr mayores consensos.

La iniciativa recibió varias modificaciones respecto al texto original en su paso por un plenario de las comisiones del cuerpo, que incluyeron la disminución de algunas penas para que estén en sintonía con el anteproyecto de Código Penal que el gobierno nacional enviará en marzo próximo al Congreso.

El Gobierno decidió impulsar el debate de este proyecto -que había perdido estado parlamentario- luego de los incidentes del 24 de noviembre pasado, cercanías del estadio Monumental de River Plate, donde hinchas identificados con ese club atacaron el micro que trasladada al equipo y cuerpo técnico de Boca Juniors para jugar la final de la Copa Libertadores de América.

Previo a la sesión del martes, varios diputados que trabajaron en el texto mantendrán un encuentro con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, para analizar los cambios que se le hicieron al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

Fuentes parlamentarias no descartan finalmente que el oficialismo insista con la redacción original del proyecto para asemejarlas a las penas originales incluidas en esa norma, así como también incorporar artículos referidos a la prevención de ese tipo de hechos.

Bullrich, impulsora de la iniciativa ya en 2016, destacó días atrás, al confirmar la extensión de extraordinarias hasta el 28 de diciembre, que “lo primero que hay que entender es que estamos haciendo un cambio muy importante, que lo que pasaba por alrededor de un estadio, que son delitos menores, pasen a ser penales”.

La ministra también adelantó que se continuarán analizando “las escalas de penas”, al precisar que “estamos abiertos al debate”.

El dictamen de mayoría consensuado entre Cambiemos y la oposición disminuye las penas previstas en el proyecto enviado por el Gobierno para adaptarlo al anteproyecto de Código Penal que diseñó una comisión de expertos junto al ministro de Justicia, German Garavano.

El despacho -que obtuvo dictamen el miércoles pasado, pero que recibió varias disidencias-, establece que la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo.

Tras ser aprobada por Diputados, la iniciativa podría ser debatida en el Senado el miércoles 19, es decir un día después.

La intención del Gobierno es tener sancionado el proyecto antes de fin de año para poder aplicar la norma “de manera inmediata” en los campeonatos de fútbol local, que se reinician en la segunda semana de enero de 2019, cuando se disputarán partidos de verano en distintos puntos del país.