Los juicios por jurados en la provincia de Buenos Aires cumplen por estos días la primera década desde su implementación y para los miembros de la Suprema Corte se trata de “un cambio de paradigma” y “un ideal de diálogo de nuestra democracia”.

Con la participación de la vicepresidenta de la Suprema Corte de Justicia (SCBA), Hilda Kogan, y el ministro del Tribunal, Sergio Gabriel Torres, se realizó el acto conmemorativo en el que se volvió a destacar este intrumento judicial que poco a poco se ha extendido en varias provincias del territorio nacional.

Kogan consideró “altamente valioso que personas de diferentes extracciones sociales, ideológicas o culturales dejen de lado las diferencias y trabajen juntas para arribar a una decisión colectiva, mediante un proceso deliberativo en el que la voz de cada uno importa y se cuenta a la par”. Añadió que “el juicio por jurados no es solo un modo de resolver los conflictos penales más graves de nuestra sociedad, sino que representa un ideal de diálogo de nuestra democracia”.

Por su parte Torres afirmó que la implementación del juicio por jurados significó “un cambio de paradigma que fortalece la participación ciudadana y la democracia, al mismo tiempo que aumenta la legitimidad y la confianza en el servicio de justicia”. Agregó que el sistema se asienta en los pilares del “pueblo que lo integra, el ministerio público, los jueces técnicos, los tribunales revisores y, en ese marco, todos los que participan cumplen con creces la tarea que se les encomienda”.

También participaron del acto, magistrados y funcionarios del Poder Judicial, representantes del Poder Ejecutivo y el Consejo de la Magistratura, en el evento también fueron oradores Andrés Harfuch, director de Juicios por Jurados de INECIP; Andrea Campoamor, subsecretaria de la Oficina de Juicios por Jurados de la Secretaría de Planificación SCBA; y Héctor Granillo Fernández, presidente honorario de la Asociación Argentina de Juicios por Jurados.

El primer juicio por jurados en territorio bonaerense se desarrolló entre el 10 y el 12 de marzo de 2015 en los tribunales del Departamento Judicial San Martín, y tuvieron la participación de Francisco Pont Verges, Ana María Armetta, Verónica Jollife, Andrés Berndhardt, como juez, fiscal, defensora y presidente del jurado popular, respectivamente.

Desde entonces se celebraron otros 773 juicios por jurados, de los cuales 49 fueron en el Departamento Judicial Mar del Plata, lo que lo colocó en el séptimo puesto dentro del listado con más soluciones judiciales de ese tipo. El ranking lo encabeza Bahía Blanca, con 152 juicios por jurados, seguido por Azul con 93, San Martín con 90, Lomas de Zamora con 69, Quilmes con 50 y San Nicolás y Mar del Plata con 49.

El porcentaje de culpabilidad fue de 59% (457), el de no culpabilidad fue de el 28% (215) y el mixto fue de 11% (86), quedando el resto para otras terminaciones.

En Mar del Plata, sin dudas los juicios por jurados más resonantes fueron los del caso del Camping El Durazno, donde se juzgó a tres jóvenes por el abuso de una menor de 14 años, aunque la resolución fue de no culpabilidad; también el que se le siguió a Jorge Mattar por el crimen de Leandro Villugrón en un incidente de tránsito y que terminó con una condena a 12 años de prisión. Otro destacado fue el del policía Arcángel Bogado, quien había matado de varios disparos a Brandon Romero al defenderse de un intento de robo. En ese caso el jurado popular lo absolvió.

En las diez décadas y los 774 juicios pasaron 13.932 ciudadanos, quienes aportaron su visión “popular” y por fuera del derecho para evaluar hechos y pruebas, determinar si son creíbles o no los testimonios y seguir los lineamientos del juez.

¿De qué se trata?

El juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires es un mecanismo de enjuiciamiento penal en el que ciudadanos comunes participan en la administración de justicia. Se aplica en delitos graves cuya pena mínima sea de 15 años de prisión o más, como homicidios, abusos sexuales y secuestros extorsivos. El jurado está compuesto por 12 personas, seleccionadas de un padrón electoral, quienes deben decidir si el acusado es “culpable” o “no culpable” sin intervención directa de jueces profesionales en la deliberación.

Los jurados son elegidos a través de un sorteo público y deben cumplir ciertos requisitos, como ser argentinos, mayores de 21 años, saber leer y escribir, y no tener antecedentes penales. Durante el juicio, escuchan los alegatos de la fiscalía y la defensa, así como los testimonios de testigos y peritos. Su función es evaluar las pruebas presentadas y alcanzar un veredicto basado en su interpretación de los hechos, sin necesidad de conocimientos jurídicos previos.

Para que el acusado sea declarado culpable, es necesario que al menos 10 de los 12 jurados voten en ese sentido. En caso de que no se alcance esa cantidad, el juicio puede ser anulado y realizado nuevamente con otro jurado. Si el veredicto es de culpabilidad, el juez profesional del caso determina la pena correspondiente dentro del marco legal. Si el jurado declara al acusado “no culpable”, el proceso finaliza con su absolución y no puede ser juzgado nuevamente por el mismo delito.

Para que el acusado sea declarado culpable en un juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, es necesario que al menos 10 de los 12 jurados voten en ese sentido. Si el jurado no logra alcanzar esa cantidad y queda “trabado”, es decir, dividido sin llegar a una mayoría suficiente, se denomina “jurado estancado”. En este caso, el juez puede pedirles que sigan deliberando y traten de alcanzar una decisión, siempre respetando su independencia. Si persisten en la falta de acuerdo, el juicio se declara nulo y se debe realizar un nuevo proceso con otro jurado.

Este mecanismo busca garantizar que la decisión sea resultado de una deliberación profunda y que no se condene a una persona sin un consenso sólido entre los jurados. En caso de un nuevo juicio, la fiscalía puede volver a presentar pruebas y testigos, pero el nuevo jurado debe analizar el caso sin influencia del anterior. Si en el segundo juicio también se produce un estancamiento, el juez puede tomar otras medidas, como dictar la absolución o evaluar la posibilidad de un tercer juicio, dependiendo del caso y la gravedad del delito.