El lunes 12 de octubre del año pasado todos estaban indignados. Mar del Plata acababa de ser sede del 30º Encuentro Nacional de Mujeres y los resultados habían sido pésimos.

Los marplatenses se mostraban enfurecidos porque el centro y el macrocentro de la ciudad habían amanecido sucios y con pintadas en locales, casas y paredes. Las mujeres que habían participado de la cita y la marcha a la Catedral, exhibían su bronca e impotencia por los disturbios ocurridos en dicho lugar, y se los endilgaban a activistas provocadores de ultraderecha conocidos en la ciudad. “Quisieron arruinar y deslegitimar el encuentro al que asistieron más de 60 mil mujeres”, decían.

Mientras tanto, desde la Iglesia llovían las críticas contra militantes de ultraizquierda que habían ido a manifestarse al templo principal, y la Municipalidad lanzaba cuestionamientos a los reaccionarios, de uno y otro espacio.

“Se dicen de ultraizquierda y de ultraderecha, yo creo que son ultraestúpidos”, disparaba el entonces intendente Gustavo Pulti. Y luego avisaba que la comuna denunciaría los destrozos ante la Justicia, a la que además le entregaría las imágenes tomadas por la cámaras de seguridad del Centro de Observación y Monitoreo (COM) para que pudieran ser detectados los autores de los desmanes y las agresiones.

Nada ocurrió y hoy, a un año de los hechos, no hay causas ni investigaciones, y mucho menos detenidos por los disturbios y los incidentes. Si bien las pintadas que se llevaron a cabo durante la movilización del cierre del encuentro, que este año se realizó en Rosario y terminó ayer, constituyeron delitos penales, la Justicia jamás tuvo en su poder instrucciones policiales para esclarecer los hechos. Tampoco las inició de oficio.

En suma, tres mujeres -dos militantes y una que pasaba por la peatonal San Martín al momento de los disturbios- que habían sido detenidas en ese sector céntrico por policías de civil y demoradas varias horas en el sector lateral de la Catedral, ni siquiera fueron imputadas por “daños”. Y ellas, que por supuesto siempre se dijeron inocentes, tampoco denunciaron a los hombres que las mantuvieron ilegalmente privadas de su libertad hasta que llegó al lugar el abogado José Luis Zerillo, entonces director del área de Derechos Humanos de la Municipalidad.

En ese momento, a dos semanas de las elecciones, Asuntos Internos de la Policía comenzó a investigar el accionar de dos uniformados. Sin embargo, las autoridades de la fuerza a nivel local expresaron su malestar ante la decisión y las autoridades del Ministerio de Seguridad provincial, en esa época a cargo de Alejandro Granados, decidieron dejar sin efecto la tarea.

En los incidentes de la Catedral fueron identificados integrantes del Foro Nacional Patriótico (Fonapa), quienes formaron un cordón de defensa del templo mientras cantaban el himno y rezaban frente a mujeres con pasamontañas que mostraban sus senos entre gritos e insultos. Uno de ellos fue Carlos Pampillón, recientemente obligado por un tribunal federal a estudiar Derecho y abandonar el activismo, tras los ataques al Monumento a la Memoria y al Centro de Residentes Bolivianos.

También estaban en ese lugar algunos de los jóvenes que luego serían detenidos y acusados de neonazis, a principios de 2016. De todas formas, por los hechos en la iglesia no se les iniciaron causas judiciales.
Tampoco hubo ayuda ni indemnización del Estado para los ciudadanos que sufrieron pintadas en sus casas o comercios, con excepción de algunos frentes que fueron limpiados por personal municipal.

En la mayoría de los casos, debieron hacerse cargo de las reparaciones los propios damnificados, con excepción de los que contaban con un seguro contratado previamente. Y ese es el motivo por el cual aún pueden verse algunas frases feministas en distintos sectores de la ciudad.

En fin, a un año de los incidentes que todos recuerdan enojados por alguna valedera razón en Mar del Plata, las distintas fuentes que consultó LA CAPITAL confirmaron toda la información publicada. Y parece que nada hubiese pasado.