A través del Decreto 782/2020, publicado hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.565, aprobada por el Congreso el pasado 16 de setiembre. La norma lleva la firma del presidente Alberto Fernández; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero y el ministro de Defensa, Agustín Rossi

Según establece la ley, los recursos del Fondef serán “afectados específicamente a la recuperación, modernización y/o incorporación de material de conformidad con lo previsto en el artículo 19 de la ley 24.948” y “el destino y asignación de los recursos se efectuará de conformidad a lo dispuesto en el marco normativo de la Defensa Nacional”.

Para la utilización del fondo, se tomaran diversos criterios como “favorecer la sustitución de importaciones, el desarrollo de proveedores y la inserción internacional de la producción local de bienes y servicios orientados a la defensa, promover la innovación productiva, inclusiva y sustentable, por medio de un mayor escalonamiento tecnológico e Incrementar las acciones de investigación y desarrollo, tanto en el sector público como privado”.

Además, se tenderá a “mejorar las condiciones de creación, difusión y asimilación de innovaciones por parte de la estructura productiva nacional”.

La ley establece que el fondo estará integrado “con el 0,35% del total de los ingresos corrientes previstos en el Presupuesto Anual consolidado por el Sector Público Nacional para el año 2020, el 0,5% para el año 2021, y el 0,65% para el año 2022, hasta alcanzar el 0,8% para el año 2023, manteniéndose este último porcentaje para los sucesivos ejercicios presupuestarios”.

La norma aclara que “este aporte es independiente a los recursos que sean asignados al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas en el presupuesto nacional”.

El fondo se financiará también con “aportes de personas humanas o jurídicas, públicas o privadas, así como también con otras fuentes de financiamiento de origen nacional o internacional, y con donaciones, legados y/o herencias”.

Según indica la norma, deberá ejecutarse anualmente en su totalidad, pudiendo excepcionalmente disponerse hasta un diez por ciento (10%) en concepto de remanente, y las Comisiones de Defensa Nacional de ambas Cámaras del Congreso serán competentes para intervenir en el seguimiento del proceso de reequipamiento de las Fuerzas Armadas.

En este sentido, recibirán “el 31 de marzo de cada año el plan anual de inversiones previstas al 31 de marzo del año siguiente; informes semestrales, el 31 de mayo y el 30 de noviembre de cada año, y verificarán las ejecuciones presupuestarias”, entre otras atribuciones.

La aprobación de esta ley se logró el 16 de septiembre pasado en el Senado con el voto unánime del oficialismo, ya que la oposición se había desconectado de la videoconferencia en desacuerdo con la prórroga de las sesiones remotas.

El proyecto había sido aprobado el año pasado por la Cámara de Diputados, previo al cambio de Gobierno, a requerimiento del entonces diputado peronista Rossi, semanas antes de ser designado ministro de Defensa.