La gestión de la Universidad Nacional de Mar del Plata consideró “desmedidos” los paros realizados por la Asociación del Personal Universitario desde donde le dijeron que “no hay planificación” y no descartaron nuevas medidas de fuerza tras el receso invernal.

El conflicto que dejó cinco paros en los últimos dos meses por parte del personal no docente de la casa de altos estudios, lejos de solucionarse, se agrava. Ayer el Rectorado dio a conocer un comunicado en el que “más allá de respetar el derecho a huelga”, consideró que “se vienen dando cumplimiento a los requerimientos efectuados” por parte de APU.

Por su parte desde el gremio dijeron que el 5 de agosto en asamblea extraordinaria definirán los pasos a seguir y las medidas de fuerza a adoptar en este marco en que “la gestión sigue sin dar respuestas a los reclamos planteados”.

En el escrito desde el Rectorado dijeron que “no comparten las razones del gremio para fundar sus reclamos”, y que “se viene dando cumplimiento a los requerimientos efectuados”. Entonces dijeron que los paros “afectan los derechos fundamentales de terceros como son la educación, la investigación y la extensión -entre otros-, que deben ser respetados”. También explicaron que “la gestión abona los sueldos de 814 agentes pero recibe del Ministerio de Educación las sumas para abonar 800. Es decir, financia 14 agentes por encima de la partida recibida”. A la vez que advirtieron que “no se utilizó ningún procedimiento de composición del conflicto previo a las medidas”. Y que se “dificulta y pone en riesgo la liquidación de sueldos de julio de la totalidad de trabajadores de la Universidad, para que puedan percibir sus haberes en tiempo y forma”.

Desde la gestión se calificaron “sumamente respetuosos del derecho a huelga y los derechos de los trabajadores, pero también debemos bregar por que se cumplan los derechos de los trabajadores no docentes que desean trabajar, de los trabajadores docentes, de los derechos de los estudiantes (principales destinatarios de nuestro trabajo) y de los derechos de los terceros afectados”.

La otra postura

Por su parte desde APU calificaron de “altísimo” el acatamiento a la última medida de fuerza realizada el miércoles y jueves de esta semana. Recordaron que el jueves participaron de la reunión del Consejo Superior donde, una vez finalizada la exposición, “tomamos la palabra y planteamos a todos los consejeros las diferentes problemáticas que atravesamos los trabajadores, y cuáles son los reclamos que nos han llevado a realizar estas medidas de fuerza. También le solicitamos a la gestión una copia del informe, el cual difundiremos en cuanto lo recibamos”.

A través del informe, desde APU consideraron que “la gestión dejó en claro que sólo son meros ejecutores y distribuidores del presupuesto que les envía el Ministerio, acotando su funcionalidad a la tarea de ser simples administradores de fondos, olvidando la planificación, el diseño de políticas y la coordinación de acciones que tiendan a hacer de nuestra Universidad una institución coherente en el ser y el hacer”.

Entonces dijeron estar de acuerdo con el crecimiento de los edificios nuevos como la Biblioteca Central, Casa España, Patronato, el Piso 13 del Banco Provincia, la ampliación del Comedor Universitario, las políticas de generación de los Centros de Extensión y el régimen de ingreso irrestricto. Entonces consideraron que “todas esas acciones tienen que estar acompañadas de una planificación que permita el sostenimiento y el mantenimiento de las mismas a través de la incorporación del personal necesario”. Y explicaron que “no sólo no se planifica el ingreso del personal necesario para el sostenimiento de las políticas generadas, sino que ni siquiera se está cubriendo las vacantes originadas por los trabajadores que se van jubilando”.

Por último desde la Asociación del Personal Universitario expresaron que “en el informe presentado, en referencia a los tarifazos, la gestión hizo una descripción de la situación donde expresa que en la actualidad se está pagando sin inconvenientes los servicios de gas y luz. Pero en ningún momento se presentó una planificación de cómo la Universidad va a enfrentar los pagos en caso que sucedan los aumentos, ni qué postura va a tomar como institución comprometida socialmente con su comunidad ante este ajuste que afecta a los sectores más vulnerables”.