El ministro de Defensa, Agustín Rossi, diferenció este miércoles la “responsabilidad penal” de la política que corresponde a los mandos militares y a la cúpula de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan y por la posterior administración de la crisis, y juzgó que “si no hubiera sido por los familiares” no se hubiese contratado a la empresa que encontró al submarino.

“Me parece que no hay que confundir el grado de responsabilidad penal que considera la jueza con los grados de responsabilidad política, no sólo por lo que sucedió en el momento del hundimiento, sino por lo que ocurrió después con la administración de la crisis y el trato con los familiares”, declaró Rossi, en una entrevista con El Destape Radio.

El ministro se refirió así al fallo de la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, quien dictó el procesamiento, sin prisión preventiva, a seis ex altos mandos de la Armada Argentina y el sobreseimiento a un séptimo marino por el hundimiento del submarino Ara San Juan con 44 tripulantes y rechazó investigar en esa causa al ex presidente Mauricio Macri y al ex ministro de Defensa Oscar Aguad.

“El fallo va en el sentido de niveles de responsabilidad que llegan hasta el número 3 de la Armada, hasta quien era el comandante de alistamiento”, apuntó Rossi y advirtió que “si no hubiese sido por la persistencia de los familiares no se hubiera contratado a la empresa que encontró el ARA San Juan”.

Relató también que las familias de las víctimas del submarino plantearon la construcción de un memorial de homenaje a los tripulantes fallecidos y que, a su entender, debe ser construido en Mar del Plata.

“Estamos programando un homenaje en el mar en donde se encontró el ARA San Juan; vamos a trabajar en el ascenso post mortem de cada uno de los tripulantes del ARA San Juan, el presidente Alberto Fernández ya me dijo que lo va a hacer”, concluyó Rossi.

En un escrito de 619 páginas, fechado el 31 de enero, Yáñez les imputó el delito de “estrago culposo agravado por el resultado de muerte en concurso de idea” a Jorge Sulía, ex jefe de Logística del Comando de la Fuerza de Submarinos (COFS); a Hugo Correa, ex jefe de Operaciones del COFS; a Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del COFS; a Luis López Mazzeo, titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento; a Claudio Villamide, comandante de la Fuerza de Submarinos, y a Eduardo Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales de la Armada.

También por el hundimiento ocurrido en noviembre del 2017 los acusó de incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de deberes del oficio y les impuso embargos que van de 2 millones (Correa, Sulía) a 3,5 millones de pesos (Mazzeo y Malchiodi). En tanto, Alonso fue embargado por 2,5 millones de pesos y Villamide en 3 millones.

Además, Yáñez sobreseyó a José Marti Garro, ex jefe de Operaciones del Comando de Adiestramiento y Alistamiento.

Asimismo, la jueza rechazó investigar al ex presidente Macri, al ex ministro Aguad y al entonces jefe de la Armada, vicealmirante Marcelo Srur, como había sido solicitado por las querellas.