Luego del insólito hecho ocurrido en horas de la madrugada de este miércoles en el barrio Las Canteras, donde un grupo de alrededor de 300 personas se reunieron y cavaron fosas en la vía pública para robarse el cableado telefónico, se inició una investigación a cargo de la Justicia Federal que buscará determinar si existe una asociación ilícita detrás de los autores, dedicada a la venta ilegal de cobre.

Tal como adelantó LA CAPITAL, las averiguaciones formales se iniciaron con la denuncia formal del abogado de Telefónica de Argentina S.A., algunas horas después de que el grupo de personas comenzara a zanjar la tierra en la zona de Antártida Argentina y Catriel, cerca del barrio SOIP, lo que generó que los clientes de la firma de esa zona vieran interrumpido su servicio de telefonía fija. En ese momento, intervino el fiscal de Flagrancia Daniel Vicente, pero sobre la tarde del mismo miércoles la causa pasó a la órbita del fiscal general federal, Daniel Adler.

Entonces, el investigador ordenó la intervención de la Policía Federal Argentina y dispuso medidas para dar con los autores del robo de cables cometido a partir de la excavación de más de cuatro kilómetros de zanjas. Momentos más tarde fueron detenidas siete personas, una de las cuales resultó ser menor de edad, pero ninguna llevaba consigo documentación personal ni teléfono celular. El perjuicio económico por el cable estropeado, sumada la obra de reparación, se calcula en más de 6 millones de pesos, sin contar el perjuicio ocasionado a los  más de 500 usuarios que se quedaron sin servicio. La investigación continúa para dar con los eslabones más altos de una posible organización.

Las tareas estuvieron a cargo de personal de la Policía Federal Argentina, bajo las directivas del comisario inspector Fabián Caponnetto. En inmediaciones de Antártida Argentina y Catriel, los móviles policiales llegaron cuando el fuego aún estaba encendido: habían prendido fuego los cables en un descampado para poder quedarse con el cobre. En el lugar se secuestraron también picos y palas utilizadas para cavar las zanjas que permitieron retirar el material de la empresa de telefonía.

En principio, las acusaciones son por infracción al artículo 164 del Código Penal, que penaliza el robo; infracción al artículo 197 por entorpecimiento de comunicaciones; posible infracción al artículo 210 por presunta asociación ilícita; además de la violación al ASPO, contemplada en el artículo 205 del Código.

El Juzgado Federal N° 3, a cargo de Santiago Inchausti, secretaría 6, hizo lugar a los pedidos de detención -que se concretaron en la tarde del miércoles- y las indagatorias, previstas de manera digital para las próximas horas. El hecho denunciado por la empresa habría comenzado el martes 7 de julio y se extendió durante esta jornada.

Cuando personal de Telefónica acudió ante un alerta de corte de cableado en la zona de Mario Bravo, entre Rufino y Pehuajó, informó que se encontró con más de 50 personas agrupadas en especie de cuadrillas equipadas con picos y palas con las que, luego de realizar zanjas de aproximadamente un metro y medio de profundidad, procedieron al corte y extracción de cableado telefónico, que luego era agrupado para su quema y posterior retiro del cobre contenido en su interior. La cantidad de cable telefónico siniestrado y extraído, de acuerdo a la denuncia de la firma, superaba los 4500 metros.

Custodia y trabajo del Emvial

Desde que se normalizó la situación en la zona, personal de la comisaría quinta -con jurisdicción en la zona- montó una custodia del lugar.

En simultáneo, el municipio tomó conocimiento de la situación y se dispuso que una cuadrilla del Emvial empezara los trabajos en las cuadras donde se produjeron las excavaciones para volver a rellenar el zanjado de tierra.

Personal del Emvial rellena el zanajado de tierra.