Por Javier Castro Bugarín

La abuela de Cipriana Palomo comprendía el lenguaje de los animales. Un día, mientras bajaba al río para refrescarse, un zorro se cruzó en su camino. Algo en el temperamento del animal la alertó, y fue ese algo fortuito, inexplicable, difuso, lo que terminó salvando la vida de su familia.

“Ella volvió a su casa y dijo: ‘vamos, tenemos que irnos, porque va a haber algo muy feo acá, se va a derramar mucha sangre’. Muchos le creyeron y otros no le creyeron”, relata a EFE Palomo, presidenta del Consejo de la Mujer de la Federación Pilagá, un pueblo originario de la provincia de Formosa.

La mujer hace referencia al 10 de octubre de 1947, cuando un grupo de gendarmes, acompañados por un avión de la Fuerza Aérea de Argentina, inició una caza indiscriminada de pilagás, asesinando y torturando a cientos de personas de esta comunidad, en lo que se conoció como la “masacre de Rincón Bomba“, que dejó entre 500 y 750 víctimas.

Este suceso, ocurrido en la primera presidencia de Juan Domingo Perón (1946-1955), continúa en los tribunales 75 años después. Muchos de los supervivientes ya han fallecido.

Represión y muerte

Enfermos, hambrientos y desahuciados, cientos de pilagás llegaron en mayo de 1947 a un paraje denominado Rincón Bomba, muy cerca del municipio formoseño de Las Lomitas. Era un lugar casi deshabitado, salvo por una pequeña guarnición de la Gendarmería Nacional, emplazada en un antiguo fortín militar.

La convivencia solo duró unos meses. Los gendarmes veían con fuerte escepticismo la figura de un sanador, llamado Tonkiet (Luciano Córdoba en español), que era capaz de convocar a “miles” de indígenas en torno a sus ceremonias, en las que se “danzaba todo el día”, según Palomo. No tenían intención de irse a otro sitio.

Las autoridades intentaron reubicarlos en “reducciones indígenas“, “campos de concentración” donde se trabajaba en condiciones de cuasi esclavitud, pero ellos se negaron y comenzó el exterminio: la “masacre de Rincón Bomba” arrancó el 10 de octubre y se prolongó durante varias semanas.

“Mi familia se fue y cuando era nochecita estaban no sé a cuántos kilómetros y escucharon los disparos de las armas. El abuelo decía agáchense, agáchense en la tierra, y no tenían idea de cómo llegaban tan lejos esas balas”, recuerda Palomo.

Esta masacre no fue un “hecho aislado” en la historia del Estado argentino, como apunta Valeria Mapelman, directora del documental “Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio” (2010).

“Sabemos que esta metodología ha sido usada siempre. Hay matanzas, hay violaciones, hay capturas de mujeres, hay repartos de niños y hay un encierro final, ya sea en reducciones o en misiones religiosas”, asegura Mapelman a EFE.

Pedido de justicia

Tras años de ocultamiento y negacionismo, la Federación Pilagá impulsó dos causas judiciales en 2005: una denuncia penal contra los autores materiales de la masacre -que fue archivada por la muerte de los imputados- y otra demanda civil contra el Estado argentino por delitos de lesa humanidad.

Entonces empezaron los testimonios, el descubrimiento de las fosas comunes, las idas y venidas sobre una herida todavía abierta. Para la madre de Palomo, una niña en 1947, el proceso judicial supuso “un gran sufrimiento”.

“Nosotros nos sorprendimos mucho, porque guardaba mucho silencio sobre esa masacre, pero entendimos su silencio, porque tenía miedo. Cuando veía a los policías o a los gendarmes se asustaba mucho y nunca sabíamos por qué”, cuenta Palomo.

En 2020, la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia (Chaco) ratificó una condena al Estado por delitos de lesa humanidad y calificó la “matanza de Rincón Bomba” como un “genocidio“.

Sin embargo, la Federación Pilagá apeló este fallo ante la Corte Suprema de Justicia, por entender que las reparaciones económicas y sociales eran insuficientes.

“No se entiende cómo en Argentina, habiendo aprendido tanto acerca de qué significa la reparación por crímenes de lesa humanidad, en este caso no se reconozca. Las pruebas están, los testimonios están. No puede ser que haya derechos humanos para unos y para otros no”, lamenta Mapelman.

Tierra para vivir

Golpeados por la pobreza y por la sequía que afectan al norte del país, y con una población que aumenta año tras año, los pilagás sostienen que la causa de Rincón Bomba, que sigue en los despachos de la Corte Suprema, es su “única esperanza” para tener una vida mejor.

“Con esta masacre se perdió mucho territorio. El pueblo se quedó sin tierra apta y suficiente para vivir, para sembrar, para hacer trabajo, y eso es lo que no tenemos. La esperanza, para nosotros, es el juicio de Rincón Bomba. No tenemos otra esperanza”, sentencia Palomo.

EFE.