El ex secretario de Transporte del kirchnerismo Ricardo Jaime se entregó hoy a la policía en Córdoba, tras una orden de detención librada por el juez federal Julián Ercolini en el marco de una causa que investiga irregularidades en la compra de trenes a España y Portugal.
Jaime ingresó a las 9:30 a la delegación de la capital cordobesa de Delitos Complejos de la Policía Federal, adonde llegó solo y en taxi, y salió a las 13:20 detenido, con chaleco antibalas de la Policía Federal y escoltado por agentes de la Gendarmería Nacional que lo trasladarán a Buenos Aires.
Jaime y su abogado, Andrés Marutian, se enteraron de la orden de detención por los medios de comunicación y el letrado consideró que “lo llamativo es que se haga esto un sábado previo a la indagatoria”, ya que el ex funcionario “tiene declaraciones el martes en tribunales y estuvo el miércoles en tribunales”.
El ex funcionario, a su vez, dijo que “cada vez que la justicia me ha citado me he presentado, hace 7 años que dejé la función pública y siempre estoy a disposición de la Justicia”.
“Me voy a poner a disposición de las autoridades. No he cometido ningún delito para ir a la cárcel”, afirmó Jaime y aseguró estar “dispuesto a dar todas las explicaciones que correspondan al juzgado”.
El juez federal Julián Ercolini, además de la detención de Jaime, citó a declaración indagatoria a Juan Pablo Schiavi, su sucesor en el cargo, para el 8 de abril, en la misma causa.
El magistrado, que dispuso anoche el arresto de Jaime, también le ordenó a la Gendarmería que detenga al consultor Manuel Vázquez en su casa de San Isidro para trasladarlo también al Escuadrón Buenos Aires con sede en el barrio de Puerto Madero.
En un fallo que se dio a conocer a primera hora de hoy, el juez Ercolini prohibió también salir del país a Schiavi, a Ricardo Domingo Testuri y a Ignacio Soba Rojo, este último un jubilado octogenario, considerado un “prestanombre” de Jaime.
En carácter de imputados, Ercolini citó a declaración indagatoria a Soba Rojo para el 7 de abril; a Schiavi, el 8; y a Testuri, el 11 del mismo mes.
El juez Ercolini, con el fiscal Federico Delgado, tiene a su cargo la causa presentada en 2013 por legisladores del radicalismo, en base a un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) de 2012, sobre la compra de trenes a España por 200 millones de euros y a Portugal por 20 millones de la misma moneda, en el que advirtió el pago de sobreprecios.
Ese informe había alertado que el 44% del total del material adquirido no servía, mientras que en el caso de España ese porcentaje se incrementaba a 58%.
El juez estableció en su resolución que Jaime como “titular de la Secretaría de Transporte de la Nación, tuvo a su cargo la administración del patrimonio estatal en su órbita de actuación”.
Asimismo, expresó que el ex funcionario “suscribió (…) los contratos rubricados” con España y Portugal “para proveer a nuestro país de material ferroviario, dentro del llamado ‘Plan Nacional de Reorganización, Recuperación y Modernización del Ferrocarril Nacional'”.
“De las constancias del expediente surge que los fondosabonados por el material rodante adquirido eran de desproporciónexorbitante en relación a su calidad y funcionalidad”, advirtió.
Y, expresó que eso “hace presumir que grandes sumas de dinero fueron sustraídas de la esfera de la administración pública por los funcionarios a quienes fueron confiadas y que justamente debían proteger el patrimonio estatal”.
“Participaron de la maniobra descripta los funcionarios de la Secretaría de Transporte de la Nación en el grado de participación que a cada uno le cupo, conforme su desempeño”, afirmó el juez.