La Cámara Federal de Apelaciones de San Martín revocó parcialmente la falta de mérito en la causa por crímenes de lesa humanidad contra el fiscal general Fabián Fernández Garello y continuará siendo investigado por su participación en la última dictadura cívico militar mientras cumplía tareas en la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPPBA).

En septiembre, la titular del Juzgado Federal en lo Correccional y Criminal N° 2 de San Martín, Alicia Vence, había rechazado la causa contra el fiscal general de Mar del Plata por considerar que no tuvo vinculación con las desapariciones de los militantes comunistas Jorge Oscar Bulacios y Ana María Martínez durante la última dictadura cívico militar.

Esta resolución había sido apelada por la Comisión Provincial por la Memoria, que figura como querellante en la causa, y esta semana, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín resolvió revocar parcialmente la falta de mérito que había considerado la jueza Alicia Vence.

Los jueces Juan Pablo Salas, José Luis Badorrey, Marcelo Darío Fernández y Marcos Morán consideraron que existen elementos para que el fiscal Fernández Garello continúe siendo investigado en la causa por la desaparición Bulacios y Martínez en 1981.

Sin embargo, los jueces, confirmaron la falta de mérito en el más grave de los hechos por el cual se lo acusa al fiscal general, que es 1982, en el que vuelven a secuestrar a Bulacios y, esta vez, lo torturan con picanas eléctricas.

Los jueces de la Cámara Federal de Apelaciones llegaron a esta resolución al concluir que en 1979, los Comandos de Zona “continuaban con la ofensiva contra la subversión y las fuerzas policiales seguían bajo el control operacional del Ejército”.

En ese contexto histórico del país en plena dictadura cívico militar, los jueces explicaron que “la presencia policial en la vía pública era una fuente más de reunión de información y que sus elementos de inteligencia continuaban formando parte de la comunidad informativa bajo responsabilidad de esos Comandos” y que “los efectivos de las policías provinciales, entre otras fuerzas de seguridad, debían ser considerados para el cumplimiento de las misiones que se les fijasen”.

Para los magistrados, quedó acreditado que entre el 23 y el 24 de julio de 1981, procedió a la detención de militantes comunistas -entre ellos Bulacios- y fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones III de Caseros, donde permanecieron detenidos y fueron interrogados.

Por este hecho es por el cual, los jueces de la Cámara de Apelaciones revocaron la falta de mérito en cuanto a la posible participación del fiscal general Fernández Garello.

El segundo hecho investigado, por el cual los jueces acompañaron la falta de mérito, tuvo lugar el 28 de enero de 1982, en el que Bulacios fue nuevamente privado ilegalmente de la libertad y trasladado desde su domicilio a un ámbito que no pudo identificar, en donde fue sometido a un interrogatorio y torturado mediante el uso de picana.

Como dato significativo se estableció que la privación de su libertad fue llevada a cabo por tres individuos, con la particularidad apuntada por la víctima que reconoció a dos de ellos como los que habían participado en la que sucedió a mediados de año anterior.

Ahora resta esperar qué pasara en el futuro de la causa, si le justicia decide procesar a Fernández Garello o, por el contrario, sobreseerlo definitivamente.