La Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata revocó el arresto domiciliario del policía que utilizó un patrullero para cometer un asalto contra una familia en octubre de 2021.

Los jueces Adrián Angulo, Walter Dominella y Marcelo Madina dejaron sin efecto el fallo de la Justicia de Garantías que, tiempo atrás, había otorgado una morigeración para Maximiliano Miguel Bentancor, lo que, al quedar firme, le permitiría continuar con la prisión preventiva en su casa.

Pero el carácter relevante de la sentencia lo constituye el hecho de que los magistrados subrayan el factor de suma gravedad que supone que un funcionario policial haya utilizado un móvil de la fuerza para participar en la comisión de un robo, cuando justamente el Estado lo empleó y le facultó el uso de ese vehículo para evitarlo.

En pos de conseguir que su cliente obtuviera el arresto domiciliario, en su momento el abogado Martín Bernat había exhibido ante la Justicia de Garantías el informe de buena conducta, que acompañó a la fijación del domicilio de su residencia -en la que permanecería con la pulsera electrónica- y una oferta formal de trabajo para el imputado, además de la presentación de un tutor responsable de sus movimientos. Todos esos elementos fueron considerados para fallar en su favor en dicha primera instancia, otorgándosele así la morigeración luego de establecerse que no había riesgo de fuga ni entorpecimiento de la investigación en proceso por parte del ex policía (apartado de la fuerza luego de conocida la noticia de su procesamiento).

Sin embargo, el fiscal Mariano Moyano apeló esa medida al expresar que a través de los años había investigado diversos casos en los que policías habían cometido robos y participado en otros hechos ilícitos, pero que “este es el primer caso en el cual directamente un oficial empleó un patrullero” a tales fines.

Precisamente, los camaristas tomaron en cuenta dicha postura, y hasta parafrasearon en su reciente fallo -al que tuvo acceso LA CAPITAL– a los legisladores que en 2003 lograron la sanción de la ley 25.816, que añadió al Código Penal argentino el agravamiento de las penas cuando los delitos son cometidos por miembros de fuerzas policiales.
“No podemos condenar por la comisión de un mismo hecho, con igual dureza a un ciudadano común que a un integrante de las instituciones de seguridad ya que el mismo, justamente, ocupa ese lugar para evitar la comisión de delitos. Resulta totalmente absurdo, que en varias oportunidades, aquellos sobre quien recae la responsabilidad de preservar la seguridad, previniendo o reprimiendo los delitos, intervenga en dichos hechos”, escribieron.

Y agregaron: “Para que exista una adecuada convivencia social, debemos contar con fuerzas de seguridad creíbles y con miembros cuya conducta sea ejemplificadora para el resto de la población. Creemos que así como se debe rendir homenaje a quienes, perteneciendo a estas reparticiones cumplen con su deber en forma correcta, muchas veces en condiciones adversas y arriesgando su propia vida, por otro lado, deben ser castigados más severamente quienes realizan conductas totalmente contrarias a aquellas por las cuales fueron puestos en sus funciones…”.

El caso

El caso, insólito y escandaloso, ocurrió en octubre de 2021 en Mar del Plata, aunque recién trascendió semanas después cuando llegó a LA CAPITAL el dato de que uno de los efectivos acusados en el marco de la investigación había decidido entregarse en la comisaría decimosexta.

Según la reconstrucción del hecho, todo comenzó a las 8 de la mañana del sábado 30 de octubre, cuando la víctima, un hombre que se dedica a la compra y venta de vehículos, se dirigió a una estación de servicios, en las inmediaciones de la rotonda de El Gaucho, donde había dejado estacionada su camioneta Ford Ranger. Fue entonces cuando dos hombres con uniforme policial se le acercaron y tras identificarse le dijeron que en su vivienda se iba a desarrollar un allanamiento. Para reforzar la credibilidad de todo aquello, a escasos metros estaba apostado un patrullero perteneciente a la División de Custodia y Traslado de Detenidos, en cuyo interior aguardaba el oficial inspector Maximiliano Bentancor, que se entregó el jueves 11 de noviembre.

El sorprendido hombre preguntó el motivo del allanamiento y pidió que se presentara ante él un fiscal para explicarle qué era lo que ocurría. Sin embargo, la respuesta fue que “el fiscal ya está al tanto y está yendo para la casa”. De inmediato fue obligado a subir a su vehículo. Dos de los hombres se subieron con él. La camioneta Toyota Hilux de la División de Traslado de Detenidos salió adelante en la “caravana”, en el medio fue la víctima y por detrás un vehículo con el cuarto delincuente. Así partieron hacia el domicilio del hombre.

Todo lo expuesto resultó ser un engaño pero no se trató de falsos policías, como en otras oportunidades, sino de verdaderos. Al llegar a la vivienda, redujeron al hombre y a su esposa, quien posee un par de locales comerciales. Las dos víctimas fueron esposadas.

El asalto se extendió por alrededor de 40 minutos hasta que los “poliladrones” se hicieron de una suma de dinero en efectivo muy importante que las víctimas guardaban en distintos lugares de la casa. Una primera versión sostiene que ese dinero estaba destinado a costear un tratamiento oncológico al que debe ser sometido un hijo del matrimonio. Si bien no trascendió exactamente la cifra en forma oficial, LA CAPITAL pudo saber que se trataba de casi 2 millones de pesos.

A la vivienda habían ingresado uno de los policías (con campera policial, chaleco y placa) y dos hombres vestidos con ropas similares a las de la policía, mientras que el restante efectivo permaneció a bordo del patrullero “de campana” en la calle. Al consumarse el robo, que también incluyó los teléfonos celulares de las víctimas, los cuatro delincuentes escaparon a toda velocidad en el automóvil de la fuerza.

Además de Bentancor, se entregó posteriormente y en la localidad de Lezama otro efectivo, el capitán de la Policía Bonaerense Fabio Oscar Melgar, quien quedó detenido a fines de diciembre. Los otros dos autores del robo aún permanecen sin ser identificados.