El gobierno de Guillermo Montenegro apeló la medida cautelar que suspendió un artículo del pliego de bases y condiciones para licitar la operatoria del predio de disposición final de residuos.

Según el escrito, al que tuvo acceso LA CAPITAL, la resolución del juez Marcelo Fernández “limita la concurrencia” de oferentes.

Entre sus fundamentos, el municipio lamentó que la cautelar haya suspendido “ni más ni menos” que un artículo incluido en un pliego elaborado por técnicos del área de Dirección de Residuos del Emsur y aprobado por el Concejo Deliberante “elegido por los ciudadanos marplatenses y batanenses”.

A entender de la comuna, “con la excusa de mantener incólume un principio de concurrencia”, lo que logra la medida “es limitar la participación de un mayor número de concurrentes, que de esta manera se reduce a unas pocas” empresas, entre ellas la que promovió la decisión judicial: Estrans SA.

“Tal y como el pliego estaba redactado, Estrans SA estaba en condiciones de participar y presentar una oferta admisible”, por lo que “su intención no es que a través de esta cautelar se le permita competir, sino que a otros no se les permita participar”, diferenció.

Según la presentación del municipio, una debida consideración del interés público “aconseja que el magistrado decida la medida cautelar no basándose en una versión unilateral, sino previo pedido de informes a la administración”.

En ese sentido, señala que “un previo pedido de informes no afecta la eficacia de la medida que pretende dictarse y como contrapartida hace que el magistrado cuente con mayores elementos para decidir”.

Es que, para la comuna, “no cabe duda que al suspenderse una norma que busca ampliar la cantidad de oferentes y retrotraerse el procedimiento licitatorio se afecta gravemente el interés público”.

El artículo suspendido por el juez (el 16.3) señalaba que para la acreditación de la capacidad técnica de las empresas se aceptaba experiencia tanto en operación y mantenimiento de centros de disposición final de residuos como en recolección, barrido y servicios especiales. O en construcciones de centros operativos de disposición final o tratamiento de plantas de líquidos lixiviados.

El magistrado impide de este modo que el municipio acepte acreditar servicios que “prima facie no se encuentran vinculados al objeto del futuro contrato”.

La Municipalidad contrapuso que “la suspensión entorpece y ralentiza el curso del procedimiento licitatorio que tiene por objeto la contratación de la empresa que formule la oferta más conveniente para la ejecución de los trabajos necesarios para culminar las obras, operar el predio” y “disponer y tratar los residuos del partido de acuerdo al nuevo régimen elaborado por las áreas técnicas municipales”.

Por lo tanto, “el fundamento de esta cautelar no es más que el interés particular de una empresa que se niega a competir en igualdad de oportunidades con la mayor cantidad de empresas posibles dedicadas al manejo integral de los residuos”.

“En este sentido, entendemos que la medida cautelar es arbitraria en cuanto desmerece el interés público comprometido en pos de la bandera de la libre concurrencia, cuando en realidad se beneficia a unos pocos en detrimento de todo un universo de sujetos cuantitativamente muy superior: la comunidad a la cual se le presta el servicio”, añade la apelación.

Según el gobierno local, la revocación de la resolución que dispone la cautelar “evitará una situación que impactará negativamente” en los ciudadanos.

El pliego en cuestión fue aprobado el 13 de octubre por mayoría en el Concejo. Ocho empresas (entre ellas la que solicitó la cautelar) llevaron adelante una visita al predio, por lo que habían mostrado interés en la licitación, cuya apertura de sobre estaba prevista para hoy.