por Martín Balza

Las relaciones cívico-militares deben ser interpretadas como el vínculo existente entre las Fuerzas Armadas (FFAA) en su carácter de institución del Estado y el resto de la sociedad a la que pertenecen.

Dado que la defensa debe ser una política de Estado, su establecimiento es responsabilidad de las autoridades políticas, que son las encargadas de guiar el accionar militar hacia los objetivos que se consideren más convenientes para la Nación. Ese control existe cuando hay una subordinación real y objetiva de las fuerzas al poder civil. En la Argentina esto se inició con el advenimiento de la democracia en 1983, y se materializó definitivamente a partir del 3 de diciembre de 1990 con la derrota del último intento insurgente contra el orden constitucional.

De hecho, como afirma Clausewitz: “La subordinación del punto de vista político al militar no sería razonable, porque la política ha creado la guerra; la política es la facultad inteligente, la guerra solo el instrumento, y no al revés. La subordinación del punto de vista militar al político es, por lo tanto, lo único posible”. Así, las sociedades democráticas han hecho del control de las autoridades legítimas sobre las FFAA uno de los rasgos distintivos, junto con la protección de los derechos del hombre y del ciudadano.

Este control institucional se nutre de dos vertientes que revisten fundamental importancia y se refuerzan mutuamente. Por un lado, existe el control objetivo realizado por medio de leyes, directivas, instrucciones y distintas normas. Por otro, el denominado control subjetivo, que se lleva a cabo en un nivel inconsciente, por medio de la cultura, y se establece a través del grado de adhesión y convicción que existe dentro de las FFAA en el respeto a la autoridad del Estado y de la confianza que la sociedad tenga en sus instituciones militares. Por ello, es imperativo evitar que las diferencias existentes entre estos ámbitos signifiquen la apertura de una brecha entre las fuerzas y la comunidad a la cual sirven, y cuya defensa constituye su razón de ser.

Resulta fundamental, en este sentido, buscar un equilibrio en las relaciones citadas de manera tal que asegure, por un lado, el respeto y la subordinación de las FFAA a los poderes constituidos y, por otro, la autonomía profesional que estas necesitan para la optimización de sus capacidades. La defensa requiere, entonces, de fuerzas firmemente establecidas dentro de la estructura estatal, con funciones bien delimitadas, no ambiguas, y un presupuesto adecuado a la realidad nacional que les permita dar respuestas eficaces ante cualquier amenaza a la soberanía e integridad territorial de nuestro país. En toda democracia, el Poder Legislativo -además de las responsabilidades del Ejecutivo- cumple la función de formular políticas y asignar recursos: “Fijar las fuerzas armadas en tiempo de paz y guerra, y dictar las normas para su organización y gobierno” (Constitución Nacional Art.75-Inc 27). En tal sentido,es oportuno recordar que esas fuerzas existen porque existe el Estado y este tiene intereses vitales y estratégicos a proteger. Su razón de ser no responde a la eventualidad de un conflicto determinado, que es un fenómeno constitutivo, ineludible e inseparable de las relaciones humanas, y se caracteriza por su policausalidad, permanencia, identidad propia y dificultad para vaticinar consecuencias. El mundo actual está colmado de ellos, unos visibles y otros latentes.

Así, el Congreso Nacional y los militares comparten intereses y deben permanecer en constante comunicación. Existe también el trabajo conjunto de civiles y militares que puedan proporcionar los asesoramientos—bases sólidas—más adecuados a quienes desempeñan cargos políticos, estableciendo en todo momento el mayor clima de confianza, conscientes de la influencia recíproca que ejercen en todos los ámbitos del sistema de planificación y ejecución de las medidas relacionadas con la defensa nacional.

Es imprescindible atraer la atención sobre la conveniencia de formar verdaderos jóvenes expertos que conozcan la problemática relacionada con las capacidades militares, las funciones y sus necesidades. De esa manera se evitarían los inconvenientes que surgen, por ejemplo, en torno a la preparación del presupuesto militar o a las reglas de empeñamiento.

El entendimiento mutuo debe extenderse a toda la sociedad, a fin de afianzar la democracia, preservar la paz, la armoniosa convivencia entre los pueblos y asegurar que la defensa sea percibida como una garantía del desarrollo libre y protegido de todas las actividades de la Nación.

Recordemos que el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. El grado de conciencia que la sociedad tenga respecto de la importancia del valor de la defensa nacional en la democracia y en la paz se verá reflejado en la aceptación del Instrumento Militar, revalorizando el rol social de los hombres y mujeres que lo integran. Ellos son ciudadanos de uniforme. Así, la subordinación de las instituciones militares al poder político se percibe no solo como una necesidad básica de la democracia, sino también como una forma superior de legitimación de las propias fuerzas frente a la sociedad y una condición indispensable para crear la conciencia de defensa nacional.

(*): Ex Jefe del Ejército Argentino. Veterano de la Guerra de Malvinas y ex Embajador en Colombia y Costa Rica.