“Hoy el gobierno de Axel Kicillof, a través del Ministerio de Mujeres, da un importante paso con la puesta en funcionamiento del Registro Único de Casos de las Violencias por Razones de Género (RUC)”, afirmó Rodolfo Manino Iriart.

Como legislador provincial fue autor e impulsor de distintos proyectos de ley sobre esta temática, incluso de la creación de un Registro como el que ahora comenzará a estar vigente en la Provincia.

El RUC será implementado en los 135 municipios del territorio bonaerense, algo que estaba pendiente desde la sanción de la Ley 14.603 en 2014.

Ya antes de ese año, el por entonces diputado Iriart (actual Director Nacional del Correo Argentino) había presentado un proyecto para crear un “Registro Provincial de Infractores de las Leyes de Protección contra la Violencia Familiar y de Género”.

Esta iniciativa, como la de sancionar a los que no cumplan con las medidas de restricción de acercamiento a las víctimas, fue producto de un trabajo en equipo que Iriart encabezó junto a profesionales, técnicos, jueces y fiscales de Mar de Plata y la región. Por supuesto, también contando con el apoyo y valiosos aportes de organismos que se dedican a la violencia contra las mujeres.

La dinámica y el enriquecedor debate legislativo llevó a la unificación con proyectos como el presentado por el senador Juan Simón.

“Es necesario llevar adelante políticas públicas con un abordaje interdisciplinario para la prevención del delito, la sanción de los autores y la contención de las víctimas”, expresó Iriart.

Según estableció el Gobierno bonaerense, el Registro reunirá los datos provenientes de dos fuentes de información primarias, generadas y cargadas por áreas específicas del Ministerio de las Mujeres: la Línea 144, la Dirección de Casos Críticos y Alto Riesgo, la Red de Dispositivos Territoriales de Protección Integral (hogares y casas abiertas que resguardan a mujeres y LGTBI+ en situaciones de violencias) y los oficios judiciales remitidos.

A estos datos –se informó oficialmente- se le sumarán los datos producidos por los municipios, el Ministerio Público Fiscal, la Suprema Corte de Justicia, los ministerios de Seguridad, Justicia y Salud, la Defensoría del Pueblo y los organismos de la administración pública provincial que estén trabajando con Licencias de violencias por razones de género.