En el proceso de reflexión bioética acerca de las formas de vida, aparece inevitablemente su complemento, que es pensar también en las formas de muerte que existen día a día en nuestra sociedad. En la tradición cultural occidental es un tema sensible y complejo, que tiene una gran carga simbólica y cuyo tratamiento es importante y necesario.

Según datos de la OMS (2017), nuestro país está “viviendo una transición epidemiológica hacia las enfermedades crónicas”. Y según dicho informe, más del setenta por ciento de las muertes en Argentina se deben a enfermedades crónicas de condición avanzada. Por ello y siendo que socialmente la muerte debe ser entendida como parte de la vida y fin de un largo proceso, debemos abrir la puerta al debate público respecto a nuestras expectativas, convicciones y deseos acerca de cómo se llega al último tramo de ese camino.

En nuestro país, producto de la interpretación del fallo de la Corte Suprema de la Nación “Bahamondez” (1989), la “muerte digna” se ha emparentado con lo que antes se entendía como eutanasia pasiva, basándose en derechos constitucionales -particularmente su art. 19.- y se considera que el paciente debe prestar su consentimiento expreso para recibir tratamientos que repercutan en su calidad de vida.

Asimismo, la Ley 26.742, ha receptado el concepto de “muerte digna”, en bloque con la Ley de Derechos del Paciente y la reforma del Código Civil, que brindó la posibilidad del dictado de directivas anticipadas, así como también la posibilidad de aceptar o rechazar procedimientos médicos extraordinarios o desproporcionados, y el retiro de las medidas de soporte vital en situación terminal.

La denominada limitación de esfuerzo terapéutico, incluye los procedimientos que se encuadran bajo la denominación de muerte digna, y son los que se encuentran permitidos. La nueva ley sobre eutanasia incorporaría tipos directos de intervención a solicitud de lxs pacientes en situación de terminalidad. En todos los casos se requiere el ejercicio de su autonomía para tomar la decisión de manera meditada y consciente. También se brindaría la posibilidad de generar directivas anticipadas, habilitando la toma de decisiones no voluntarias una vez que la autonomía del/x paciente se vea profundamente limitada o disminuida.

Estamos frente a una dinámica de “medicalización de la muerte”, donde tal como expresan Maglio-Wierzba-Belli-Somers “… se observa en el “encarnizamiento pseudoterapéutico”: la imposición de medidas extraordinarias y/o desproporcionadas que prolongan la vida de forma artificial… (…) esta medicalización tiene un alto nivel de aceptación social que en gran medida avala el deseo persistente de la aplicación de medidas, sin utilidad terapéutica alguna a pesar de que en encuestas a personas sanas o aún en estado terminal han mostrado que en su mayoría preferían morir en su casa…”. La medicalización y la judicialización de los procesos del morir y de la muerte, tal como plantean estos autores, poco ayudan al muriente y sus seres queridos en la penosa tarea de atravesar este momento fundamental.

En la última década y particularmente en los últimos meses, se han realizado diversas presentaciones legislativas en el Congreso para regular el derecho a una “buena muerte” o “muerte digna”, y se ha reflotado la intención de avanzar con el tratamiento de la eutanasia en su sentido más amplio. Por eso consideramos necesario fortalecer este debate, para avanzar en una nueva regulación sanitaria que contemple la dignidad de las personas, su autonomía, la posibilidad de disponer del propio cuerpo y la intención de evitar el encarnizamiento terapéutico. Morir en paz debe ser el resultado de aceptar aquellas decisiones tomadas en el marco señalado.

Siendo sin duda la muerte el acontecimiento más relevante y significativo de nuestro existir, la bioética rescata la necesidad de reivindicar todos los derechos de lxs sujetxs, en el proceso del morir. La muerte se convierte en propia, cuando se ha podido enfrentarla y aceptarla, desde la mayor dignidad que exige el mayor respeto.