La Fiscalía General del Departamento Judicial Mar del Plata realizó un reestructuramiento de las unidades de instrucción penal debido al exponencial aumento de denuncias de estafa y delitos económicos.

El titular de la misma, Fabián Fernández Garello, ordenó que Juan Pablo Lódola, quien estaba al frente de la Fiscalía Nº 12 -encargada de investigar casos de usurpaciones y apremios ilegales- pase a desempeñarse en la Fiscalía Nº 10, junto a Javier Pizzo y David Bruna.

Ambos investigadores son los encargados de esclarecer hechos de estafas y delitos económicos y, según se informó en el documento que indicó los nuevos cambios, pasaron de tramitar aproximadamente 1500 expedientes anuales en 2017 a 6000 en la actualidad. Ese incremento inédito -relacionado con los avances tecnológicos que son utilizados para cometer delitos y complejizar luego las investigaciones penales-, provocó la saturación laboral de los miembros de dicha oficina e hizo que fuera imperioso reforzarla.

Sin embargo, en la resolución de Fernández Garello a la que accedió LA CAPITAL, también se dejó en claro que el Ministerio Público Fiscal local sufre una situación acuciante en materia de recursos. Conforme explica el funcionario judicial, “se encuentran vacantes siete cargos de Agente Fiscal -número que en los hechos se ha elevado a ocho, por cuanto la Fiscal Gómez ha presentado su renuncia con fines jubilatorios a partir del 1 de marzo de 2024, pero usufructuando licencias compensatorias pendientes-“. En ese sentido, remarca que “el esfuerzo en procurar respuestas paliativas a la situación de la Unidad Funcional Nº 10 será inexorablemente en desmedro de otras estructuras”.

Así, se dispuso entonces que Lódola sea trasladado de la fiscalía en la que trabajó los últimos dos años y medio y que su lugar sea ocupado por los titulares de la Fiscalía de Estupefacientes, Daniela Ledesma y Leandro Favaro, en forma provisoria y durante turnos respectivos e intercalados de un mes, mientras además continúan al frente de sus cargos actuales.

Los cambios regirán desde este viernes 1 de diciembre, de acuerdo a la disposición de Fernández Garello.
Por otra parte, desde el Ministerio Público Fiscal local propusieron a la Procuración General bonaerense “la transformación interina del cargo de Instructor Judicial de la UFI Nº 12 que detenta el Dr. Luis Alberto Ferreyra, por el de Secretario de Fiscalía de Cámara con funciones de Ayudante Fiscal, para asumir las responsabilidades inherentes a dicho cargo”.

La situación no sólo es compleja en materia de recursos humanos en el ámbito de las fiscalías, sino que también existe un inconveniente espacial y de infraestructura en algunas de ellas. Son los casos de la propia Fiscalía General, la de Delitos Culposos y también la de Delitos Económicos, que funcionaban en un inmueble alquilado en el barrio Stella Maris y que, debido a la inminente finalización de dicho contrato de arrendamiento, deberán trasladarse a otro edificio que aún no fue determinado por las autoridades gubernamentales.

Saturación

Con el paso del tiempo y los avances tecnológicos, son cada vez más los hechos de estafas y delitos económicos denunciados en la ciudad.

Por ejemplo, en diciembre de 2022, LA CAPITAL publicó que “como ocurre cada año en esta misma época, el número de casos de estafa por alquileres temporarios” había aumentado de manera ostensible.

Semanas anteriores a dicha nota, se habían radicado por ejemplo 20 denuncias de estas características. Y a medida que comenzaba a acercarse la temporada estival, la cifra se incrementó en un 50 por ciento.

Los investigadores informaron entonces que la modalidad de estafa, en general, era similar en casi todos los episodios.

“En general, las estafas denunciadas se producen por Marketplace, el sitio de Facebook para compra, venta y alquiler de inmuebles y objetos en general. Un usuario publica una casa determinada, se contacta alguien interesado y siguen la conversación por Whatsapp, donde piden que se lleve a cabo una transferencia con una seña por lo general de un monto menor, del 20 o el 30 por ciento, cosa de que la víctima no dude en hacerla”, explicaba uno de los instructores judiciales en diálogo con este medio.

Y agregaba: “Algo relativamente nuevo que también se está dando es que los estafadores toman fotos de páginas de inmobiliarias, o sea imágenes reales, y se contactan con alguien que realmente está ofreciendo en alquiler la vivienda. Tras ello le piden información como interesados en alquilar y a partir de ahí le solicitan una foto de su DNI como si estuvieran realmente interesados, pero después todo eso lo usan para generar publicaciones nuevas y hacer caer a la gente”.

Es decir, los estafadores se hacen pasar por posibles inquilinos y con las imágenes y la documentación de quienes ofrecen las propiedades, se hacen pasar por ellos y engañan a otros posibles clientes de éstos.
En septiembre pasado, este mismo medio publicó también que habían aumentado las denuncias por los casos conocidos como “cuentos del tío” en perjuicio de personas de la tercera edad que tienen teléfonos fijo.

Según explicaron entonces, los estafadores se hacen pasar por familiares de las víctimas e inician una charla para obtener de ellos información, luego les cuentan que hay problemas con el dólar, con billetes que dejarán de estar en circulación o que habrá una nueva devaluación. Cualquier argumento es válido para estos delincuentes, que utilizan en su ardid el desconcierto económico en tiempos de crisis.

Con la víctima ya engañada, le dicen que ir el contador del banco, alguien de confianza, para retirar los dólares. Siempre argumentan que tiene que ser de inmediato, que no hay tiempo, que es la única manera. La víctima, ante el miedo de perder sus ahorros, acepta entregarlos para que queden “a resguardo”, cuando en el momento en que los entrega los billetes es cuando realmente los pierde.

Fuentes de la Fiscalía de Delitos Económicos remarcaron que uno de los grandes problemas de poder investigar estas estafas es que los delincuentes utilizan líneas de telefonía celular prepagas, que las puedan habilitar con otras identidades.

Por todo esto, además de innumerables hechos surgidos de compraventa de inmuebles y vehículos, se ha producido un “cuello de botella” que ha provocado la acumulación de causas y la saturación laboral en la oficina que llevan adelante Pizzo y Bruna. Y, en consecuencia, surgió la disposición que ahora hace pública la Fiscalía General.