MIRAMAR (Corresponsal). – En un operativo que se extendió hasta altas horas de la madrugada de este viernes, finalmente se desarrolló la reconstrucción del crimen de Luciano Olivera (16), quien murió el pasado 10 de diciembre en Miramar tras recibir un balazo en el pecho durante una persecución policial que tiene al oficial Maximiliano González (27), acusado como el autor material del hecho.

Cerca de las 23, la fiscal Ana Caro, responsable de la investigación, junto al abogado Gregorio Dalbón, quien representa como particular damnificado a Judith Aristegui, madre del menor fallecido, comunicaron que el acto se realizaría por distintas etapas.

En ese sentido, se formó un extenso cordón policial en la zona, el cual abarcó las calles 28, 30, 32 y 34, desde avenida 9 hasta calle 11, donde sólo se permitió el acceso de vecinos a sus hogares y de personas con respectiva credencial.

Además, hubo un riguroso control con participación de personal y móviles de Policía Federal, Infantería y Gendarmería Nacional, a quienes se sumaron agentes de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, para medir especialmente distancias y velocidad de la motocicleta en la cual se trasladaba el joven.

Cabe señalar, que la reconstrucción se centralizó minuciosamente sobre la posición del patrullero, principalmente en avenida 9 y 34, y el accionar los policías imputados en el lugar del hecho, quienes dieron su versión de lo acontecido la fatídica noche del 10 de diciembre de 2021, y a su vez respondieron las consultas de los peritos, abogados y la propia titular de la UFI descentralizada de Miramar.

“Nosotros apuntamos a las pericias sobre todo al momento del disparo, no todo el recorrido desde el anfiteatro porque todo ese trayecto hasta la calle 30 que es dónde Luciano (Olivera), dobla y agarra la avenida 9, no tiene que ver con la causa que llevamos adelante, que es netamente el homicidio”, indicó la fiscal Ana Caro a LA CAPITAL.

El primero de los dos cordones de seguridad establecidos, fue donde se puntualizó la acción a cargo de policía federal y hubo otro controlado por Gendarmería con colaboración de Guardia Urbana y Tránsito del municipio en el ordenamiento del tránsito vehicular.

Tres hipótesis

El objetivo fue reconstruir al menos tres hipótesis del asesinato y después rápidamente deberá evaluarse cuál es la de mayor validez de acuerdo al nexo probatorio existente y profundización de investigación. También se dio lugar a la versión de dos de los policías imputados que dieron en el momento de las declaraciones indagatorias.

Para eso, se puso en marcha la moto Yamaha YBR 125 cc, que conducía Olivera la cual fue piloteada por uno de los oficiales de la Federal, quien imitó varias acciones el comportamiento del menor antes y durante la intercepción policial previo a caer muerto por el disparo en la zona del tórax.

En ese sentido, como parte de la recolección de pruebas, trabajaron dos peritos de criminalística, otro accidentológico, uno planimétrico y en mediciones de velocidad estuvieron presentes con la tecnología necesaria, operadores de la Agencia nacional de Seguridad Vial, más fotógrafos y editores de video que se desempeñan en la Científica de la Policía Federal, para reunir mayor la mayor cantidad posible de elementos que puedan sumarse como prueba.

Con todo el material recolectado la fría y larga madrugada de este viernes, la fiscalía local deberá trabajar arduamente y con celeridad ya que el próximo lunes será la fecha límite para elevar la causa a juicio ya que no hay más plazo de instrucción, sin perjuicio que luego se incorporarán las medidas de prueba ordenadas y que, por cuestiones de tiempos judiciales y administrativos, aún se desconocen los resultados.

Uno por uno, los policías imputados

El oficial Maximiliano González se encuentra con prisión preventiva por “Homicidio triplemente agravado por haber sido cometido por miembro de una fuerza de seguridad, mediante el empleo de armas de fuego y con alevosía” al comprobarse que disparó el adolescente quien intentaba eludir huir de un intento de identificación que había comenzado en una de las plazas del centro.

También el oficial Nelson Albornoz, sigue encarcelado por el delito de “Encubrimiento doblemente agravado y falso testimonio”, acusación que también recae sobre la oficial inspectora, Rocío Mastrángelo, el sargento, Kevin Guerricagoitía, a quien se suman el oficial, Alejandro Nahuel Cepeda, inculpado por “Encubrimiento doblemente agravado” y la jefa de turno Estela Mendoza por “Incumplimiento de los deberes de funcionario público”, ya que para la Justicia demoró la notificación del hecho al Ministerio Público, aunque estos cuatro últimos permanecen en libertad.