La Comisión de Legislación aprobó hoy por mayoría un proyecto para implementar en General Pueyrredon un sistema de reconocimiento facial de prófugos, aunque no se trata del expediente presentado por el gobierno de Guillermo Montenegro ni el incorporado la semana pasada por el oficialismo, sino de una nueva propuesta acordada entre el Frente de Todos y Acción Marplatense.

La oposición presentó este lunes dos nuevos proyectos de ordenanza, con semejanzas pero también diferencias al del Ejecutivo, los cuales terminaron unificándose y aprobándose por mayoría. Se trata del segundo avance que registra la posibilidad de incorporar este tipo de sistema luego de varias semanas con el debate trabado en las comisiones internas del Cuerpo.

Con este paso, el tema seguirá siendo debatido en la Comisión de Hacienda, último paso antes de ser votado en sesión ordinaria. De todos modos, la propuesta modificatoria que Juntos presentó la semana pasada también continuará siendo debatida en Hacienda, aunque con despacho de minoría.

El proyecto alternativo del FDT y AM, presentado por la concejala Marina Santoro y el concejal Horacio Taccone respectivamente -y finalmente unificado-, logró imponer un punto clave en el que el arco opositor insistía prácticamente desde el inicio del debate, sin el apoyo del oficialismo: encomendarle al Ejecutivo la creación de un pliego de bases y condiciones para implementar por licitación nacional e internacional el sistema de reconocimiento facial de prófugos, el cual requerirá de la aprobación del Concejo Deliberante.

Concretamente, el nuevo proyecto respeta el espíritu original de la propuesta elevada por el Ejecutivo para la adquisición de “una solución de software tecnológica, necesaria para el establecimiento de un sistema de reconocimiento facial aplicable para la detección de prófugos de la justicia, así como también que permita la detección de objetos y/o comportamientos dinámicos utilizando sistemas analíticos y algoritmos, que tomen como fuente de información el sistema de videovigilancia urbana para espacios públicos o bien segmentos de video captados por cámaras privadas”.

Sin embargo, la principal diferencia entre el despacho de minoría del oficialismo y el nuevo proyecto consensuado y aprobado por mayoría, radica en la obligación de remitir al Concejo Deliberante el eventual pliego de bases y condiciones para la adquisición del software pertinente, requisito que apunta a “garantizar la transparencia y el uso de la información” recabada por las cámaras de seguridad.

Dicho pliego, según se dejó establecido en base a lo propuesto por la oposición, deberá contemplar el tipo de información a recabar, los protocolos y los responsables del manejo de la información, como sí también las medidas de fiabilidad del sistema, especialmente respecto a la información biométrica. También tendrá que precisar el costo de adquisición y mantenimiento, el pago y el mecanismo de redeterminación, entre otros puntos.