María G se sorprendió cuando recibió una nota de una empresa de seguros que le daba la bienvenida y le asignaba un número de póliza vinculado a una tarjeta de crédito que nunca tuvo. A Beatriz y Gustavo les reclamaron deudas de la tarjeta Mastercard que nunca pidieron, luego de la compra de un teléfono celular. Historias de abusos de entidades financieras en las que intervino y logró resolver la Defensoría del Pueblo.
Todo comenzó cuando a María le llegó una nota de Met Life, en la cual le consignaban un seguro por si perdía la tarjeta de crédito Movistar-Itaú que le habían adjudicado. “Llamé al Banco y aclaré que no me interesaba el servicio, que no la iba a habilitar ni utilizar”, recordó.
Al tiempo, el Banco le envió una carta informándole que habían cerrado su cuenta y 20 días más tarde un reclamo de deuda por más de 1.000 pesos. Por último, una carta de un estudio jurídico intimó a la mujer a aprovechar “la última oportunidad de solucionar el problema”.
La Ley 25.065 de tarjetas de crédito, en su artículo 8, plantea que “el contrato de tarjeta de crédito entre el emisor y el titular queda perfeccionado sólo cuando se firma, se emiten las respectivas tarjetas y el titular da la conformidad”, explica el secretario general a cargo de la Defensoría del Pueblo, Marcelos Honores.

Intimaciones

“Intimamos al Banco a desistir de cualquier reclamo de dinero en concepto de renovación o gastos de emisión, ya que dicha tarjeta nunca fue solicitada, aceptada, ni utilizada, además de extender al denunciante un certificado de libre deuda”, destaca el coordinador del área de consumidores, Henry Stegmayer. Luego de meses de mediación de la Defensoría, María pudo resolver el tema.
Sin embargo, estas prácticas abusivas se repiten. Gustavo y Beatriz compraron celulares en cuotas. El vendedor les explicó que era posible a través del Banco Itaú pero no les mencionó nada de una tarjeta.
Una vez terminado el pago, a ambos les llegaron cartas para renovar la tarjeta Mastercard que nunca habían aceptado. “La oferta era pagar la renovación, o pagar la totalidad de una deuda inventada”, explicó uno de los afectados.
En estos casos, Soledad Polito, del área de consumidores de la Defensoría, recomienda no quedarse con la tarjeta. “Hay que devolverla al banco, con una nota de rechazo. Si bien la ley establece que el consumidor no está obligado a hacerlo, nosotros aconsejamos asentar por escrito la no aceptación del servicio para evitar posibles malos entendidos. En la práctica, suele ser lo más efectivo”
Adela pagó la renovación de una tarjeta que nunca habilitó. Tenía miedo de generar un monto mayor. El abogado del estudio jurídico que la llamó, le aseguró que no iba a recibir más reclamos. Tiempo más tarde, recibió la intimación de pago de una agencia de abogados, por una deuda de 2 mil pesos, referida a una compra que no hizo.
“Es importante saber que todas las personas tienen derecho a rechazar cualquier producto o servicio enviado que no hayan solicitado”, señalan desde el Área de Consumidores.
“La experiencia adquirida en los casos tratados en la Defensoría y las actuaciones en situaciones diversas de agravios a los derechos del consumidor, evidencian la necesidad de contar con más protección normativa como la que se propone”, concluyó Honores.