Organizaciones de usuarios de técnicas de fertilización asistida, médicos expertos y juristas especializados en Derecho de Familia reclamaron la “pronta sanción” de la Ley Integral de Técnicas de Reproducción Humana Asistida (TRHA) que establece “reglas claras” para el funcionamiento de bancos de esperma y fija un plazo para la preservación de embriones congelados, entre otras cosas.

El proyecto, aseguran, “viene a cerrar el círculo legislativo” iniciado con la Ley de Acceso Integral a las TRHA (26.862) y la reforma del Código, y por eso posibilitará terminar con los problemas de cobertura originados en la libre interpretación de aquella norma sancionada en 2013.

Además, permitirá saldar el debate iniciado por la redacción final del artículo 19 del Código Civil, ratificando que el embrión no implantado no es persona -tal como lo fijó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012- y que sólo adquiere la calidad de tal al ser implantado en el vientre materno.

La iniciativa en cuestión -que además autoriza el diagnóstico de anormalidades genéticas en embriones antes de su implantación (DGP) en casos especiales- ya tiene media sanción de Diputados, pero perderá estado parlamentario si no logra la sanción definitiva antes de noviembre.

Todos estos temas se abordaron en la Tercera Jornada Interdisciplinaria por la aprobación de una Ley Especial de Reproducción Humana Asistida que se realizó en el Senado de la Nación, organizada por la Comisión Asesora en TRHA que integran un grupo de organizaciones de especialistas, centros médicos y pacientes.

“Si tengo una ley de acceso integral y sigo teniendo amparos (para conseguir la cobertura de los tratamientos), algo está pasando”, aseguró la abogada especializada en Derecho de Familia e investigadora del Conicet, Marisa Herrera.

Quien fuera una de las redactoras del nuevo Código Civil en materia de filiación, explicó que la nueva ley es necesaria porque las normas no pueden cambiar “según quien lo interpreta”.

A su turno, la directora médica del Centro de Investigación en Medicina Reproductiva (CIMER), Stella Lancuba, explicó que si bien a partir de la sanción de la Ley de cobertura “se vio un crecimiento de los centros (de fertilización asistida) a nivel país y una tendencia al crecimiento de los tratamientos” realizados, “no hemos visto la integralidad de la aplicación”.

Y el dato no es menor si se tiene en cuenta que “el 12% de las personas en algún momento de su vida requerirían de algún tratamiento de fertilidad”.

Por su parte, la presidenta del grupo de apoyo para personas con trastornos en la reproducción “Concebir”, Isabel Rolandi, aseguró que la interpretación errónea de la cantidad de tratamientos por persona y la negativa a cubrir las TRHA cuando se trata de madres solteras por elección o parejas homoparentales, son algunos de los problemas más frecuentes.

“Si este proyecto que si se cae, todo lo anterior también corre peligro porque esta ley especial van facilitar la cobertura”, dijo.

A su turno, la referente de la Asociación 100 por ciento Diversidad y Derechos Florencia Feldman aseguró que con esta norma permitirá también que las parejas de gays o lesbianas puedan inscribir a los hijos como nacidos mediante la utilización de TRHA con gametos de donante, “y no haciendo de cuenta que lo tuvo de manera natural” uno de ellos, atentándose contra el derecho de esos niños de conocer la identidad de los donantes cuando adquieran la mayoría de edad o por necesidades médicas.

“Queremos este proyecto de ley porque garantiza y reconoce a todas familias en plural y es un ley de derechos reproductivos” y no sobre infertilidad, aseguró.

El proyecto de ley establece la unificación de los formularios de consentimiento informado entre todos los centros de fertilización y bancos de semen, los cuales deben ser firmados antes de que se inicien los tratamientos y deben incluir “disposiciones expresas” sobre el destino de los embriones o gametos (óvulos y espermatozoides) sobrantes y en caso de fallecimiento de el o los titulares.

Además, crea un registro único de donantes de gametos y embriones en el ámbito del ministerio de Salud, lo que permitirá un doble registro de los legajos de los aportantes, y evitará la pérdida de información.

“Nos ha pasado de una pareja de mellizos que no les dijeron que (la fertilización) fue por una donación de semen. Ellos buscaron su origen y no lo encontraron porque el centro cerró”, explicó Rolandi.

Y esta información puede ser de vida o muerte de necesitar, por ejemplo, un trasplante.

El proyecto fija cuatro posibles destinos para los gametos y embriones criopreservados: ser utilizados para futuros tratamientos de sus titulares, ser donados a terceros con fines reproductivos, ser cedidos para investigación y ser descartados.

Además, establece que los embriones se criopreservan “por un período máximo de 10 años” si no se pidió expresamente su preservación más allá de ese plazo, y “en caso de silencio” de sus titulares, el destino es la investigación”.

“Hoy ya es un problema la cantidad de embriones porque después de pasados muchos años, la gente es grande y no se los transfiere. Además, muchos de los embriones se hubieran perdido en el momento del implante, porque no hubieran sido viables nunca”, dijo Herrera a Télam.

La especialista explicó que “también tiene que ver con terminar con la hipocresía” en el caso de gente que descartó sus embriones tras retirarlos de un centro diciendo que los llevaría a otro.

“Pero el médico también puede hacer objeción de conciencia”, afirmó Lancuba.

Respecto del número de niños nacidos a partir de los gametos de una misma persona, el proyecto fija un máximo de 10 para evitar futuros problemas de “consanguinidad”.

Por último, el proyecto permite la práctica de Diagnóstico Genético Preimplantacional (DGP) en embriones no implantados para la detección de alteraciones hereditarias específicas a nivel genético o cromosómico que pueda dar origen a enfermedades severas o comprometer la viabilidad del embrión; y estipula su cobertura.