Madres, estudiantes y docentes realizaron una protesta frente a las boleterías que Costa Azul tiene en la terminal de colectivos de Mar del Plata para reclamar a la empresa la devolución de los boletos estudiantiles para los jóvenes que deben trasladarse a diferentes ciudades para acceder al secundario.

Según señalaron algunos de los manifestantes a LA CAPITAL, los pases gratuitos que cuentan todos los estudiantes a partir de la ley 14735 comenzaron a verse amenazados hace tres meses cuando la firma dejó sin efecto este beneficio para quienes asistían a establecimientos subvencionados. Los alumnos de colegios públicos, en tanto, tendrán que empezar a abonar el boleto con un descuento que deja el pasaje en $35 a partir de noviembre.

Esta situación genera serios inconvenientes en varias localidades de la provincia que, sin posibilidad para abastecer la demanda de estudiantes secundarios, muchos de los jóvenes residentes en esos lugares se ven obligados a trasladarse todos los días a ciudades vecinas para terminar sus estudios. Y lo hacen a través de la única firma a cargo de muchas de las rutas internas: Costa Azul.

Un ejemplo de esto es Batán, donde cerca de 200 estudiantes viajan todos los días a Otamendi para estudiar. Analía Cabrera, mamá de dos adolescentes que asisten a una escuela pública de la localidad vecina, aseguró que el panorama es “insostenible”.

“Esto empezó hace tres meses, cuando la empresa Costa Azul se hizo cargo de las rutas y lo primero que hizo fue sacarle los boletos estudiantiles a un colegio que es privado pero subvencionado, pese a que la ley provincial sí establece que se les otorgue el beneficio a los subvencionados. Esos chicos ya están pagando el boleto hace tres meses con un mínimo descuento que les deja cada pasaje $35. Es decir, pagan $70 para ir a estudiar”, explicó Analía, quien aseguró que en su caso la quita del pase gratuito comenzará a correr a partir de noviembre, razón por la cual se sumó al reclamo.

Asimismo, aseguró que ante la difícil situación económica de la región y el país, hay familias que no pueden enviar a todos los hijos al colegio por falta de dinero. “Lamentablemente están eligiendo a qué chico enviar a la escuela porque es insostenible. Nosotros estamos afectados por parte de la ruta 88, pero nos hemos enterado que por la ruta 11 hay localidades en que un solo chico está pagando entre $120 y $150 entre ida y vuelta para estudiar. Es inadmisible”, señaló.

Analía también destacó que solo han recibido acompañamiento de los establecimientos educativos que, en conocimiento de las complicaciones que trajo la falta de transporte sumado al interés por evitar la deserción escolar, comenzaron a enviar tareas a través de Whatsapp y permitiendo que los estudiantes sólo asistan al colegio a rendir examen. “No se está garantizando el derecho de acceder a una educación de calidad”, aseguró.

En la misma línea se pronunció Celeste, mamá de Gonzalo, quien recordó que “hace más de veinte años que las escuelas subvencionadas y públicas tienen el boleto al 100 por ciento. Ahora solo tienen un 20% que ronda los $60, si van desde Colina Alegre; a $35 si van desde Batán; a $27, si van desde El Boquerón; o a $50, $60, si van desde Chapadmalal. Es insostenible”, señaló.

“Es un derecho ya otorgado que no nos pueden quitar”, remarcó Celeste, que desde hace tiempo mantiene un reclamo respecto al transporte porque vive en El Boquerón, una comunidad que sólo cuenta con los servicios de la empresa Costa Azul para trasladarse. “Si hay paro, quedamos aislados”, aseguró, como ya ha ocurrido en otras oportunidades, obligando a los vecinos a gastar importantes montos en remises que los acerquen a la ruta 88 para tomarse colectivos de línea urbana.

Sin respuestas

Pese a los múltiples reclamos administrativos y manifestaciones, las familias afectadas por este cambio de política por parte de la empresa no obtuvieron respuestas concretas.

“Sólo tenemos dos versiones. Una es que el gobierno provincial no estaría pagando la subvención a la empresa por los boletos. Y otra es que la empresa está registrada como larga distancia, y la ley sólo alcanza a las distancias intermedias”, señaló Analía, una de las personas afectadas.

Por su parte, Celeste aseguró que desde la Defensoría provincial les reconocen que “hay muy poca voluntad de llegar a un acuerdo tanto por parte de la provincia como por la parte empresarial”. “Estamos todos los vecinos juntos en esto. No nos importa si los afectados actualmente son los subvencionados o no. La ley dice algo y se tiene que respetar, como se venía haciendo todos estos años”, concluyó.