LA PLATA (Corresponsal).- Científicos de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) reclamaron cambios en la Ley de Estupefacientes para que no se considere ilegal el autocultivo de cannabis con fines medicinales.

La semana pasada se realizó en la Facultad de Ciencias Exactas la jornada “Cannabis y Salud”. El evento organizado por la Secretaría de Extensión de esa unidad académica contó con la presencia de varios especialistas en la temática que plantearon los problemas y desafíos actuales para avanzar en las investigaciones.

Darío Andrinolo, investigador y coordinador de la charla, explicó a LA CAPITAL que lo que se busca principalmente es “utilizar el conocimiento científico que tenemos en la Facultad en apoyo a la gente que está haciendo aceite de cannabis y entregándosela a familiares y amigos que tienen diferentes dolencias”.

El aceite de cannabis es una alternativa para tratar casos de convulsiones resistentes a los fármacos. Desde hace un tiempo un grupo de madres asumieron los riesgos y comenzaron a cultivar cannabis y a preparar el aceite para sus hijos; también lograron que la Administración Nacional de Medicamentos y Alimentos (ANMAT) autorizara el ingreso legal del producto a la Argentina pero sin controles de calidad ni la debida investigación.

Las mujeres nucleadas en “Mamá Cultiva” aseguran que el objetivo de la Fundación es “agrupar a madres de niños con epilepsia refractaria, cáncer y otras patologías que no han encontrado una mejoría con la medicina tradicional, buscando impulsar el uso de resina de cannabis, atendiendo a los maravillosos resultados que esta terapia ha logrado”.

“Mejor que las pastillas”

La Ley 23.737 de 1989 establece penas de entre 4 y 15 años de prisión para quien “siembre o cultive plantas o guarde semillas utilizables para producir estupefacientes, o materias primas, o elementos destinados a su producción o fabricación” y para quien “comercie con planta o sus semillas, utilizables para producir estupefacientes, o las tenga con fines de comercialización, o las distribuya, o las dé en pago, o las almacene o transporte”.

El hecho de que se considere ilegal al autocultivo pone un freno a las investigaciones.
“Actualmente no se puede saber cuántos cannabinoides tiene ese aceite y no se pueden ajustar correctamente las dosis… hay muchas cosas que todavía no sabemos porque no podemos investigar”, dice Andrinolo.

Y agrega: “necesitamos un cambio radical en la Ley de Estupefacientes para que no sea ilegal que una madre le dé a su hijo un producto a base de cannabis que resulta ser muchísimo mejor que todas las pastillas que generan las farmacéuticas”.

En el Congreso de la Nación hay actualmente más de 10 proyectos que buscan despenalizar el uso de cannabis con fines medicinales para que las personas que lo necesitan puedan tener un tratamiento en el marco de la legalidad.
“El problema de la drogadicción no está en la droga, no podemos hacer como que la droga es la culpable de nuestras conductas; nosotros somos los culpables de nuestras conductas”, remarcó Andrinolo.

El investigador señaló además que “uno puede tener adicción a un montón de sustancias, empezando por el azúcar, la sal y las harinas, las tres blancas que peor nos hacen a la salud; gastamos más presupuesto en salud por eso que por consumir cannabis”.

El Estado, o persigue o brinda asistencia

El juez del Tribunal Criminal 1 de Necochea, Mario Juliano, participó de la jornada y dio el enfoque desde el punto de vista legal y político.
“Decimos droga y metemos en el mismo paquete al paco y la marihuana y nos olvidamos del alcohol, el tabaco y las drogas sintéticas que son de libre acceso”, dijo Juliano a LA CAPITAL.

“También metemos en esa misma bolsa a los consumidores responsables, mayores de edad y libremente determinados, para quienes en su proyecto de vida -amparados por el artículo 19 de la Constitución Nacional- está el consumir alguna sustancia”, agregó.

Juliano consideró además que cotidianamente “convivimos con personas que consumen y funcionan perfectamente en sociedad; el problema son los consumidores problemáticos, aquellas personas que ponen en riesgo su vida y eventualmente la de terceros”.

En ese sentido, destacó que “ésas son las personas a las cuales el Estado tiene que proponerles políticas de asistencia, pero va a ser muy difícil que estas políticas tengan éxito en tanto convivan con las políticas de persecución”.

“El pibe que es corrido por la policía en las plazas y en las avenidas, que es requisado a cada momento, que identifica al Estado con este tipo de actitudes de las fuerzas de seguridad difícilmente va a confiar en el mismo Estado para que le brinde asistencia”, amplió.

“El Estado tiene que definir su política: o persigue o brinda asistencia”, finalizó.