Alan Emmanuel Olea, uno de los neonazis condenados en 2018 en Mar del Plata, deberá continuar en prisión en una institución penitenciaria al ser rechazada su solicitud de hacerlo a domicilio para estar cerca de sus hijas.

La Cámara Federal de Casación Penal desestimó así el pedido de Olea, quien cumple una pena de 9 años de prisión por integrar una asociación ilícita con odio racial que amenazó y lesionó a ciudadanos de religión judía, militantes por los derechos del colectivo LGTB y movimientos antifascistas.

Los argumentos de Olea eran que necesitaba mantener el contacto con sus dos hijas menores de edad, pero el máximo tribunal penal, con las firmas de los jueces Carlos Mahiques y Guillermo Yacobucci declaró “inadmisible” la apelación y, de esa manera, ratificó el rechazo a la domiciliaria.

“La situación del encausado, de ser padre de dos hijas menores de edad, no resulta razón suficiente para la concesión del beneficio solicitado, máxime teniendo en cuenta que no se desprende de autos que se encuentre afectado el interés superior de las menores”, dijo el fallo.

“No se advierte que en el caso esas restricciones tengan un talante punitivo sobre las hijas menores de edad de Olea pues están al cuidado de su madre y no se encuentran en una situación de desamparo moral o material”, añadieron.

Olea cumple la pena en una cárcel de la Capital Federal, y su pedido de domiciliaria era para estar preso en una casa diferente a la que viven sus hijas. Pese a la negativa del fallo, el tribunal le autorizó un “traslado extraordinario por acercamiento familiar y por única vez a Mar del Plata”.

El pedido de domiciliaria contaba, no obstante, con la aprobación del fiscal general Juan Manuel Pettigiani.
“La falta de fundamentación de la postura asumida por el acusador público obsta a que tenga un efecto compromisorio para la judicatura”, descalificó el tribunal como respuesta.

En 2018, el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata condenó a penas de entre cinco y nueve años de cárcel a un grupo de neonazis -entre ellos Olea- acusados de “organizar y formar parte de una agrupación destinada a imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”.

La condena, que aún no fue ratificada por la Corte Suprema, fue por el delito de “pertenecer a una organización y realizar propaganda basada en ideas o teorías de superioridad de una raza, religión o grupo étnico”.

Ya en junio de 2020 la misma Cámara había negado la prisión domiciliaria de Olea por no estar acreditada una condición de riesgo de salud vinculada al covid -19.