La Cámara de Apelaciones y Garantías rechazó los planteos de sobreseimiento de los defensores de los imputados en la causa que investiga el accionar de “La Liga” y ordenó la realización del juicio oral, tal como lo había solicitado el fiscal Alejandro Pellegrinelli.

Para los camaristas de la Sala II hay en la pesquisa distintas pruebas de la existencia de la organización que se dedicaba a desalentar la puja por la obtención de propiedades en subastas, lo cual exige que el caso llegue a debate. De esta forma, los magistrado del tribunal de apelaciones avalaron la postura del juez de Garantías, Saúl Errandonea, quien ya había dictado la misma resolución al analizar el pedido de Pellegrinelli.

Entre los 25 acusados que serían juzgados próximamente están Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros, sindicados como los presuntos líderes de la organización que se dedicaba a intervenir en subastas y amenazar y coaccionar a otros compradores con el objetivo de hacerse de inmuebles al menor valor posible. Además de estos tres hombres, que hasta el momento se encuentran bajo arresto domiciliario, hay otras 22 personas incriminadas.

Por el tipo de delito que se les imputa, calificado como “Asociación ilícita”, Larluz, Puga y Monteros podrían recibir una condena de entre 5 y 10 años de prisión. Para el resto, en tanto, la pena mínima es de 3, con la misma máxima.

La investigación que desnudó penalmente la mítica Liga de Compradores inmobiliarios tuvo dos etapas diferenciadas. La tarea desplegada por el CATI (Cuerpo de Ayuda Técnica a la Instrucción) durante dos años y reflejada en un informe que finalmente recaló en la fiscalía a cargo de Pellegrinelli.

Con la mencionada información se pidieron los allanamientos y se sustanciaron las acusaciones. Cuatro de los imputados fueron considerados líderes de la organización ilícita que dominaba con métodos violentos las subastas: Oscar Larluz, Luis Puga y Héctor Monteros. También se lo incluyó a Adolfo Salminci, quien murió hace casi un año.

Los demás estaban involucrados en roles diferentes, según la Justicia. Se trata de Aníbal Raúl Simón Soria y Leandro Nahuel Soria; Miriam Elizabeth Lamas; Diego Alejandro Larluz, Fernando Roberto Larluz, Alejandro Javier Fernández y Sergio Alberto Puga; Gustavo Alfredo Cheppi y Horacio Jorge Panizzo, Julio César Consorte, Patricio Pablo Consorte, Roberto Daniel Andino y Leandro Andrés Marqués; Marcelo Philipp, Pablo del Corazón de Jesús Quiroz, Sergio Tadeo Mazur y José Luis Violini; y Juan Carlos Hugo Vacatello, José Luis Gallo, Carlos Héctor Abitante, Marta Susana Meriano y María Luján Fernández.

La segunda etapa fue la que comenzó en el mismo momento de los allanamientos, cuando los instructores judiciales se desplegaron por toda la ciudad y descubrieron un tesoro probatorio que llevó al fiscal Pellegrinelli a sacarse todas las dudas, si es que las tenía.

“Los hechos verificados y documentados dejan ver una notable pasividad y tolerancia por parte de los principales actores involucrados en las subastas, incluyendo en buena manera también la judicial, ante el accionar de un grupo de individuos perfectamente identificables y popularmente conocidos como “La Liga de Compradores”, que durante muchísimo tiempo y a la vista de todos, se adueñó del salón de subastas mediante métodos ilegítimos cuando no lisa y llanamente ilegales, con el objetivo de adjudicarse sistemáticamente las propiedades llevadas a remate judicial”, dice en una de las 340 fojas de su llamado a indagatoria.

La hipótesis acusatoria de Pellegrinelli parece haberse visto reforzada notoriamente tras el análisis de toda la documentación que se secuestró en los allanamientos del 11 de junio de 2020.

Una de las principales novedades para la causa es que en los registros a los domicilios se descubrió documentación vinculada a hechos de los años 2006, 2007 y 2011, “que resultan demostrativos de los modos ilícitos de La Liga en la mayoría de los casos”. Lo trascendente es que cada vez que esas cuestiones llegaron a la justicia penal, ya sean episodios de violencia o de amañe de subastas, las causas se archivaron.

En el allanamiento al estudio del abogado de la organización, José Luis Gallo, se encontró un expediente de un fallo del ex juez Enrique Arbizu en el que se declaró la nulidad de una subasta del 11 de octubre de 2006, por “intimidaciones a terceros y arreglo previo del acto subastario”. Ese fue el primer antecedente de la Justicia Civil y Comercial en el que se reconoce el accionar ilícito de La Liga. Sin embargo, pese a que la causa fue remitida a la justicia penal, en octubre de 2008 se archivó.

No obstante, el foco del fiscal Pellegrinelli está puesto en que toda la mecánica de La Liga ya fue demostrada en una demanda civil.

No fue esa la única causa iniciada en la Justicia Penal por hechos relacionados a la Liga. Pellegrinelli, una vez más apoyado en la formidable capacidad de investigación del CATI, descubrió al menos 11 expedientes penales que nunca llegaron a ningún lado. “De lo que hasta el momento ha surgido en la presente encuesta, quedaría a la vista que al menos desde el año 2006, este accionar de “La Liga” o bien de sus integrantes más representativos —basado en las intimidaciones, las amenazas, las coacciones o en las directamente en las vías de hecho— fue en varias oportunidades sometido al escrutinio de la justicia penal, habiéndose verificado la existencia de 11 (once) causas formalizadas —sin descartar que hayan existido otras —por hechos de aquella naturaleza, cuyas investigaciones transcurrieron sin mayor trascendencia, aún cuando existían en muchas de ellas elementos objetivos que daban cuenta de la ocurrencia de este tipo de hechos graves en el seno de las subastas judiciales llevadas a cabo en el Colegio de Martilleros del departamento judicial Mar del Plata”.