En exactamente quince días, el predio donde funcionó el Rancho Móvil quedó totalmente desalojado. Este viernes LA CAPITAL pudo constatar que de las 17 cabañas que había hasta el día del operativo realizado -el 1° de febrero- por el municipio para instar a los propietarios a desmontar las estructuras, ya no queda ninguna construcción ni movimiento en este punto del acantilado sobre la Reserva Forestal Paseo Costanero Sur. Mientras tanto, la Justicia profundiza la investigación por posibles estafas con la comercialización de tierras fiscales y las responsabilidades de los funcionarios: algunos de ellos serán citados a declarar en los próximos días.

Entre la frondosa arboleda que recubre al espacio cedido a través de un permiso precario -dado de baja debido al escándalo- durante los últimos 16 años a la Asociación Rancho Móvil, ya no están las casillas rodantes y estructuras que utilizaban los socios fundadores de este “club de amigos”, pero tampoco queda ninguna de las tantas cabañas construidas ilegalmente sobre el césped del acantilado, frente al mar.

El pasado 1° de febrero por la mañana el Municipio desplegó un importante operativo con apoyo de la policía para avanzar en el retiro de todas las cabañas, y acordó con la mayoría de los propietarios que los lujosos “ranchitos” fuesen levantados del predio, que quedó bajo administración municipal y que a futuro se licitaría.

Ese mismo día, el Ente Municipal de Turismo y agentes de Inspección General concedieron a los propietarios un plazo “prudencial” para el desmonte de las cabañas. “No más de 48 horas, no tiene que quedar nada acá”, deslizó ese día el secretario de Seguridad del municipio, Marcelo Lencina.

No fueron 48 horas, sino quince días. Este viernes, una nueva recorrida de LA CAPITAL por el lugar en torno al que se desató el escándalo, permitió constatar que en el predio ya no queda absolutamente nada. Las últimas pertenencias y materiales de algunos socios fueron retiradas en las últimas horas. La única estructura que queda de pie, es el baño público, que en los últimos días fue violentado e incendiado parcialmente.

Robos y destrozos

En estos quince días y pesar de la “guardia de 24 horas” que prometió montar en el lugar la Secretaría de Seguridad del municipio, se produjeron varios robos, destrozos y actos de vandalismo en el predio.

El desalojo comenzó el viernes 1° de febrero. Dos días después se registraron los primeros hechos. Con el correr de las horas fueron sustraídos algunos materiales de construcción, elementos de los baños públicos instalados en el predio y pertenencias que estaban en las cabañas y casillas rodantes.

Tres días después del inicio del desalojo, “alguien tocó los tableros de electricidad de los baños y se incendió parte de la estructura”, según pudo saber LA CAPITAL. Durante la primera semana, también, se robaron los dispensers de jabón y las farolas del lugar.

Algunos de los socios que habían construido cabañas habían dejado todo preparado para retirar las estructuras y sus pertenencias. Pero al regresar a buscarlas, se encontraron que faltaban algunos elementos. “No cuidaron nada”, comentaron.

Investigación judicial

A partir del escándalo de Rancho Móvil y tras una breve exposición de la presidenta del Ente Municipal de Turismo (Emtur), Gabriela Magnoler, ante la Fiscalía de Delitos Económicos, el municipio radicó una denuncia.

Magnoler puso en conocimiento de la Justicia las construcciones que se descubrieron en la Unidad Turística Fiscal (UTF) que explotaba la asociación Rancho Móvil y derivaron en la caducidad del permiso precario por parte del municipio.

Dicha denuncia quedó en manos del fiscal David Bruna, a quien se le encomendó la tarea de investigar posibles estafas en torno a la comercialización de tierras fiscales y responsabilidades de los funcionarios que debían velar por el cuidado de esas tierras.

En los próximos días, para ampliar la denuncia, el fiscal citará a funcionarios en calidad de testigos. Sobre todo a aquellos que tenían la función de controlar que no hubiera irregularidades en el predio municipal.

En simultáneo, el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires solicitó a principios de esta semana una copia certificada del acta de la reunión en la que la presidente del Emtur, Gabriela Magnoler, debió dar explicaciones en el Concejo Deliberante por la construcción ilegal de cabañas sobre el acantilado: se instalaron 17 construcciones fijas cuando el permiso precario solo permitía casillas rodantes.

El Tribunal de Cuentas, según las normas que estipulan los alcances de sus atribuciones e incumbencias impone multas por las transgresiones administrativas. Pero también impone cargos (una sanción más delicada y con otro nivel de compromiso patrimonial) por aquellas contrataciones que, a juicio del organismo, observan algún tipo de anomalía o irregularidad.